Columnas de Opinión

En tiempos de grandes necesidades de recursos públicos para la reconstrucción post-terremoto, se hace necesario evaluar la sustentabilidad de ciertos compromisos clave del Sistema de Protección Social. Entro de ellos está el Sistema de Pensiones Solidarias, con sus componentes de Pensión Básica Solidaria y Aporte Previsional Solidario.

La Ley de Responsabilidad Fiscal creó el Fondo de Reserva de Pensiones para hacer frente a las necesidades futuras del Fisco en cuanto al Sistema de Pensiones Solidarias. Es decir, se creó un mecanismo de ahorro para las pensiones solidarias futuras. Al aporte inicial de ?US$ 600 millones en 2006, se sumaron aportes e intereses que han llevado al fondo a alcanzar casi US$ 3.500 millones en 2009.

La sustentabilidad del Fondo de Reserva, en situaciones de exigencias paralelas al erario público como la reconstrucción post-terremoto, es determinante para el buen manejo de las finanzas públicas. Recientemente, la Dipres dio a conocer un estudio de sustentabilidad del FRP llevado a cabo por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, el cual proyecta distintos escenarios hasta 2030.

El estudio desarrolla proyecciones de los gastos del Sistema de Pensiones Solidarias, los que se estima llegarían en 2030 a entre 1% y 1,7% del PIB dependiendo del escenario considerado, aunque con un valor esperado de 1,3% del PIB. Por el lado de los ingresos y del tamaño del fondo, se estimó en el escenario esperado que éste se mantendría en un tamaño superior al 2% del PIB hasta 2030. Los escenarios más pesimistas en cuanto a crecimiento y crisis financieras indican que, pese a ello, el tamaño del fondo se mantendría por sobre 1,5% del PIB a 2030. En resumen, los resultados del estudio son tranquilizadores: la sustentabilidad del fondo estaría garantizada para los próximos 20 años.

Si bien la ley establece que los recursos del fondo sólo se pueden utilizar para cubrir los gastos de las pensiones solidarias, las holguras presupuestarias dadas por la sustentabilidad del fondo permitirían, en momentos de crisis como éste, “darse el lujo” de ahorrar para las pensiones menos que en el pasado. Este año el aporte del Fisco al Fondo puede ser el mínimo legal de 0,2% del PIB, a diferencia de los aportes de años anteriores de 0,5% del PIB. Esta diferencia de algo más de US$ 500 millones puede, por ejemplo, destinarse a la reconstrucción post-terremoto.