Las pérdidas de los fondos D y E, los más conservadores del sistema y donde se concentran los ahorros de quienes se acercan a la jubilación, han abierto una discusión que va más allá de las AFP: ¿cómo asegurar que quien administra recursos ajenos actúe en interés de sus dueños? De la respuesta depende no solo la confianza en nuestro sistema previsional, sino también buena parte de la colaboración entre el Estado y el sector privado.
La teoría económica tiene algo que decir. Oliver Hart y Bengt Holmström, premios Nobel de Economía de 2016, contribuyeron a entender un problema fundamental: los contratos son inevitablemente incompletos. Es imposible, o prohibitivamente costoso, anticipar todas las contingencias y establecer cómo actuar frente a cada una. Más aún, muchas veces ni siquiera sabemos cuál será la mejor decisión. Por ello, los contratos deben dejar espacios de discrecionalidad a quienes tienen mayor información y conocimientos. Pero esta flexibilidad tiene riesgos: quien toma las decisiones puede tener incentivos distintos de aquellos cuyos intereses debe proteger.
Nuestro sistema de pensiones es un buen ejemplo. El Estado entrega a administradoras privadas la gestión de los ahorros obligatorios de millones de trabajadores. La regulación establece numerosos límites a sus inversiones, pero sería imposible —e inconveniente— determinar exactamente qué instrumentos comprar, cuándo hacerlo o cómo enfrentar cada riesgo. Para ello se requiere el juicio profesional de las administradoras. El problema es que sus incentivos no están necesariamente alineados con los de los afiliados: las AFP reciben sus comisiones independientemente de la rentabilidad obtenida, mientras que las pérdidas recaen sobre los ahorros de los trabajadores.
¿Cómo enfrentar esta tensión? El mecanismo fundamental es establecer obligaciones fiduciarias que limiten el uso de esa discrecionalidad. En nuestro sistema, la ley exige a las AFP cautelar una adecuada rentabilidad y seguridad de los fondos. No basta, por tanto, con respetar los límites legales de inversión. Las administradoras deben actuar con prudencia y diligencia, evaluando los riesgos y adoptando las medidas necesarias para proteger los recursos que administran.
La controversia sobre las inversiones de los fondos conservadores ilustra este problema. Los derivados financieros permiten gestionar riesgos, pero también asumir exposiciones significativas sin comprar directamente los activos subyacentes. La cuestión no es si estos instrumentos estaban permitidos, sino si las decisiones de inversión fueron prudentes, especialmente considerando las advertencias que existían sobre sus riesgos. No se trata de sancionar pérdidas, que son inherentes a toda inversión, sino de determinar si las administradoras ejercieron responsablemente la discrecionalidad que les entrega la regulación.
Aquí aparece una cuestión más profunda. Durante años, la industria financiera ha solicitado mayor flexibilidad regulatoria, argumentando que la gestión profesional permite alcanzar mejores resultados que una regulación excesivamente restrictiva. Comparto ese principio. Pero esa flexibilidad solo puede funcionar si las obligaciones que la acompañan son exigibles y su incumplimiento tiene consecuencias. De lo contrario, la discrecionalidad deja de ser un instrumento para mejorar la eficiencia y se transforma en una fuente de riesgos para quienes delegaron las decisiones.
El problema trasciende ampliamente al sistema de pensiones. Las compañías de seguros, las concesiones, los servicios regulados y numerosas formas de colaboración público-privada descansan también en contratos incompletos. Si no existen mecanismos efectivos para exigir el cumplimiento de las obligaciones, la respuesta será restringir cada vez más la discrecionalidad o, simplemente, renunciar a acuerdos que podrían aumentar el bienestar del país. Paradójicamente, la falta de responsabilidad termina justificando regulaciones más rígidas e ineficientes.
Por eso, resulta especialmente importante que la controversia actual se resuelva con rigor y sin transformarse en una disputa ideológica. La preocupación transversal y, en particular, la posición firme del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respaldando la investigación y la aplicación de sanciones si corresponde, constituyen una señal positiva. El camino es determinar las responsabilidades, respetar el debido proceso y hacer cumplir las obligaciones que sustentan la confianza en el sistema.
Si este proceso se conduce adecuadamente, nuestro sistema previsional puede salir fortalecido. No porque desaparezcan los riesgos ni las pérdidas, sino porque se demuestre que la libertad para administrar recursos ajenos tiene como contrapartida una responsabilidad efectiva. Y esa lección va mucho más allá de las pensiones: sin mecanismos creíbles para exigir el cumplimiento de los contratos incompletos, terminamos renunciando a oportunidades de colaboración que podrían beneficiar a toda la sociedad.
Fuente: El Mercurio, 27 de octubre de 2026.