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El objetivo del encuentro era potenciar el desarrollo sostenible de las regiones consideradas “periféricas” del mundo, así como también el diálogo entre los académicos provenientes y/o especializados en dichas regiones. Por eso, con el fin de abordar los principales desafíos de las regiones en desarrollo, se organizaron 46 paneles, entre ellos, uno especialmente dedicado a la lucha contra la desigualdad.

En ese panel, Andrés Irarrázaval expuso en la sesión sobre “Políticas para enfrentar la desigualdad: reformas y desafíos de la política social en los países latinoamericanos”. El académico hizo hincapié en la necesidad de construir compromisos creíbles de gasto eficiente por parte del Estado que permitan, por un lado, recaudar más impuestos (especialmente por la vía de ampliar la cobertura y progresividad de los impuestos a la renta de las personas), y por otro, focalizar aquellos recursos extra en quienes más lo necesiten. Así, el Estado puede asegurar que dicho esfuerzo impositivo, tanto por la vía de la recaudación como del gasto, disminuya eficazmente la desigualdad.   

En particular, Irarrázaval llamó a mirar la experiencia de los países desarrollados que, mediante la construcción de controles sobre el uso de los recursos públicos, lograron convencer a sus ciudadanos para pagar más impuestos. Al asegurar la eficiencia del gasto y limitar la corrupción, los ciudadanos estuvieron más dispuestos a apoyar el desarrollo del Estado. Esta mayor recaudación de recursos ha sido clave para afrontar la desigualdad, concretamente, a través de mejores redes de protección social e inversión pública focalizada en educación, salud, y pensiones.

Respecto al caso chileno, Irarrázaval planteó que el país experimenta una creciente desconfianza en el Estado y, al mismo tiempo, la necesidad de recaudar más recursos para enfrentar no sólo mayores demandas sociales -incluida la reducción de la desigualdad-, sino también la creciente deuda pública e intentar converger en capacidad fiscal con los países de la OCDE. Estos, sostiene el investigador, recaudan significativamente más impuestos directos sobre las personas que Chile (8% versus 2% del PIB). Esta brecha fiscal se da tanto en nivel (especialmente progresividad, pues los ingresos altos pagan comparativamente poco), como en cobertura (entre el 70 y 75% de los hogares chilenos están exentos del impuesto a la renta).

El llamado final de su exposición fue a construir mecanismos institucionales que garanticen una mayor eficiencia del gasto para potenciar la confianza en el Estado, la recaudación y su efectividad. En esa línea, Irarrázaval sostiene que “un Estado capaz de movilizar recursos, especialmente de la mano de garantías de eficiencia pública, es aún más fundamental en una época de incertidumbres y riesgos crecientes. Hoy, más que nunca, disponer de los medios para frenar la desigualdad, la corrupción, es decir, el mal uso de nuestros escasos recursos, y el cambio climático -para el cual la inversión/impulso público también es clave- se hace imperativo para construir la resiliencia necesaria frente al cambio”.