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En su página web, https://www.transparency.org/es/news/how-cpi-scores-are-calculated, TI recomienda hacer comparaciones del IPC usando el puntaje asignado a cada país (un número entre 0 y 100 donde los valores más altos indican un mejor control de la corrupción) y no el ranking (posición relativa). También nota que “las pequeñas fluctuaciones o cambios en la puntuación de un país en el Índice no suelen ser significativas” e incluye una tabla con los países que han experimentado cambios significativos respecto de distintos años. De acuerdo con esta tabla, el puntaje de Chile en 2024 no es significativamente distinto del puntaje de 2023. Tampoco del puntaje de 2022, 2021 o 2020. Es necesario retroceder hasta 2014 para encontrar una diferencia significativa. Son los casos Penta, SQM, Caval y Corpesca, que se tomaron la agenda en 2014 y 2015, los que explican el único quiebre que exhibe la serie.

Entonces, ¿se jodió Chile en materia de corrupción en 2015?  El IPC permite concluir que no. Porque la caída de 2015 fue significativa pero no dramática. Desde entonces nuestro puntaje es similar al promedio OCDE y mejor que el de España, Italia y Portugal. Es cierto que hasta 2014 estábamos por sobre el promedio OCDE, pero, que ahora estemos en el promedio, es algo que ya nos quisiéramos en otros indicadores como producto per cápita, calidad de la educación y de la salud, capacidad de innovación, y tantos más.

Sin embargo, las encuestas de opinión indican que mucha gente tiene una muy mala percepción del grado de corrupción que hay en Chile. ¿Por qué nos percibimos mucho más corruptos de lo que nos ven desde fuera? Quizás, porque, en lugar de compararnos con otros países, nos comparamos con nosotros mismos en el pasado, cuando no había tantos escándalos de corrupción, ya sea porque no existían o, lo más probable, porque no nos enterábamos. La paradoja es que algunos de nuestros avances en contener la corrupción han contribuido a que conozcamos muchos más casos, alimentando nuestra percepción de que somos más corruptos que antes. Por ejemplo, en 2020 se aplicó por primera vez la legislación que introdujo el límite a la reelección de los alcaldes y, cuando las nuevas autoridades auditaron las cuentas de sus antecesores, sdestaparon varios casos de corrupción. En el mediano plazo esta medida contribuirá a que tengamos menos corrupción, porque quienes asumen como alcaldes hoy saben que los van a auditar, a más tardar, en 12 años. Sin embargo, el efecto inmediato es que la percepción de corrupción crece.

¿Por qué nos va relativamente bien en comparaciones internacionales de control de la corrupción? Un factor importante es nuestra capacidad de asombro e indignación cuando se conocen casos de corrupción. La ciudadanía se indigna y las autoridades responden, aprobando cambios que vayan al fondo del problema y que eviten que se repita.

Así sucedió en 2015, cuando presidí una comisión anticorrupción que sugirió más de 200 medidas concretas en 21 áreas. El Ejecutivo y el Congreso recogieron la mayoría de nuestras recomendaciones en 9 de estas áreas. No fue fácil, las reformas le quitaban poder a quienes debían aprobarlas y hubo opositores en todo el espectro político. Sin embargo, se lograron avances sustantivos. Entro otros, se aprobaron cambios mayores al financiamiento de los partidos, a su sistema de democracia interna y a los gastos de campañas, evitando que los partidos fueran controlados por su principal financista o por empresas.  

Lo que resulta preocupante es que tras los dos mayores escándalos recientes de corrupción (el Caso Convenios y el Caso Audios) no se hayan aprobado reformas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. Los avances en el control de la corrupción funcionan de esta manera, a punta de escándalos y liderazgos políticos que aprovechan la ventana de oportunidad para mejorar el sistema.

El Caso Convenios motivó la creación de la Comisión Jaraquemada para hacer propuestas de reforma. Una de las más importantes es crear un registro de beneficiarios finales. Es una medida clave no solo para detener la corrupción, sino, además, para combatir el crimen organizado y evitar el uso de empresas de fachada para el lavado de activos (lo abordé en detalle en mi columna de enero). El Congreso analiza un proyecto de ley desde hace más de un año, sin mayores avances.

El Caso Audios también debiera facilitar reformas en los sistemas de nombramientos de autoridades del poder judicial. Un proyecto hecho a la rápida se ingresó al Congreso, sin mayores avances.

Un tercer tema donde los escándalos son pan nuestro de cada día es a nivel municipal. En la comisión que presidí hace una década esta área temática estuvo entra las que lograron un menor avance. El proyecto de ley de integridad municipal está estancado en el Congreso.

Los casos de corrupción que no se abordan abonan el camino para que líderes populistas lleguen al poder con la bandera de la anticorrupción para luego debilitar las instituciones y contribuir a que la corrupción se extienda. La contribución de Estados Unidos a la lucha internacional contra la corrupción se terminó luego de que el presidente Trump congelara la aplicación de la legislación correspondiente (esta detectó los casos Odebrecht, Siemens y FIFA, entre otros). Esto significa que reducir la corrupción será más difícil que antes. Estamos iniciando un año electoral y será importante conocer las propuestas de las distintas candidaturas para reducir la corrupción.