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La crisis
Varios eventos recientes confirman la prolongada disfuncionalidad de la política en Chile. Los diputados de RN no encuentran nada mejor que patrocinar una acusación constitucional contra el Presidente de la República sin siquiera informar a la directiva de su partido. Republicanos patrocinan una acusación constitucional contra la ministra del Interior, impulsados por el rédito electoral, sabiendo que carece de mérito y posibilidades de prosperar. La Cámara de Diputados vota una acusación constitucional contra dos jueces de la Corte Suprema, que debe ser aprobada o rechazada en su totalidad. Esta maniobra atenta contra los principios más elementales del debido proceso, ya que las faltas que se imputan no tienen conexión alguna entre sí. Y a la injustificable remuneración de Marcela Cubillos se suma la revelación de decenas de sueldos de funcionarios del Congreso que también son difíciles de justificar.

Los eventos mencionados son síntomas de una crisis profunda. Llevamos al menos tres gobiernos con un sistema político incapaz de avanzar en temas clave para la ciudadanía y para el desarrollo del país. Por ello, no sorprende que, desde hace tiempo, la ciudadanía otorgue tan mala evaluación al Congreso y a los partidos políticos en las encuestas.

La pregunta obvia es ¿qué podemos hacer? Varios análisis sugieren concentrar nuestros esfuerzos en reformar tres áreas clave: el sistema político, la autorregulación del Congreso y la forma en que se nombran las autoridades del Poder Judicial. Vamos por partes.

El sistema político
Como ilustra la excesiva creatividad de la bancada de diputados de RN, los partidos enfrentan serios problemas para alinear a sus parlamentarios. Esto hace que sea poco atractivo para los gobiernos intentar construir acuerdos con las directivas partidarias de la oposición, así como con las afines, ya que estas no pueden garantizar los votos de sus bancadas para cumplir con dichos acuerdos.

Reducir el número de partidos imponiendo umbrales de votación para obtener representación parlamentaria será poco efectivo si las directivas siguen siendo tan débiles y sus acuerdos con el Gobierno son desconocidos por los parlamentarios. Es necesario empoderar a las directivas partidarias. Un estudio publicado esta semana por Espacio Público propone varias medidas.

Primero, se sugiere implementar listas cerradas para las elecciones, lo que significa que se vota por la lista en su conjunto y no por candidatos individuales. El número de representantes electos por cada lista se determina según el orden en que aparecen; si se elige a uno, será el primero, y si son dos, el primero y el segundo, y así sucesivamente. Entre las ventajas de las listas cerradas se encuentra la despersonalización de la política, lo que incentiva a los partidos a presentar proyectos que atraigan al electorado. Se centra en las ideas, no en los rostros. Quizás lo más importante es que empodera a las directivas de los partidos, ya que son ellas las que deciden quiénes integran la lista y su orden. Si los diputados de RN que presentaron una acusación constitucional sin informar a su directiva hubieran anticipado que no estarían en los primeros lugares en las próximas elecciones, probablemente lo habrían pensado dos veces.

Una segunda medida para promover la disciplina partidaria es prohibir tanto los pactos electorales entre partidos como la inclusión de independientes en las listas. Quien desee figurar en una lista debe militar en el partido, ser parte de un proyecto programático y rendir cuentas a su directiva. Esta medida, por sí sola, conducirá a la consolidación de menos partidos, pero con propuestas programáticas más sustantivas, en contraste con las alianzas oportunistas que observamos en los pactos actuales. También se puede considerar una medida “antidíscolos”: los parlamentarios que renuncien a su partido deberían dejar su cargo.

Conflictos de interés en el Congreso
La separación de poderes explica por qué el Congreso se autorregula en materia de probidad y transparencia. Sin embargo, esta autorregulación no está funcionando. Es habitual que los parlamentarios participen y voten en proyectos donde tienen evidentes conflictos de interés. A diferencia de otros países, en Chile no existen directrices claras y detalladas sobre qué constituye un conflicto de interés, por lo que cada parlamentario decide si se inhabilita o no. Es indispensable establecer directrices y contar con una instancia técnica competente que supervise su aplicación.

La autorregulación también ha sido deficiente en la fiscalización de la Ley de Lobby. Cuando se descubren infracciones a esta normativa, es un comité de parlamentarios el que define las posibles sanciones, las cuales suelen ser especialmente indulgentes con sus colegas. Es necesario contar con una instancia imparcial e independiente que se encargue de fiscalizar y sancionar adecuadamente.

Un tema adicional es la frivolidad con que la Cámara de Diputados ha utilizado las acusaciones constitucionales. No tiene sentido que 10 diputados sean suficientes para iniciar una acusación, la más drástica de todas las opciones de fiscalización, cuando se requiere más de 50 diputados (un tercio de la Cámara) para interpelar a un ministro.

El nombramiento de jueces
En este tema se puede ser optimista, siempre que el cambio de ministro de Justicia no afecte esta agenda. El caso Audio abrió una ventana de oportunidad para reformar el sistema de nombramientos del Poder Judicial y, además, existe un consenso técnico relativamente amplio sobre cómo abordar este asunto.

Por lo tanto, la situación más compleja es la reforma al sistema político y a la gobernanza del Congreso, ya que los parlamentarios deben aprobar medidas que reducen su propio poder. Se necesitarán liderazgos políticos transversales que impulsen estas reformas, con un decidido apoyo de la sociedad civil. Si los principales candidatos presidenciales no quieren convertirse en la cuarta presidencia consecutiva que enfrente un sistema político disfuncional, deberán convencer a sus parlamentarios de avanzar en estas reformas para que finalmente podamos progresar como país.

Fuente: El Mercurio, 20 de octubre de 2024