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En agosto de 2018, AFP PlanVital subió su comisión a casi el triple y sus afiliados disminuyeron en solo 3%. Esta inercia explica por qué las AFP han tenido altísimos retornos durante décadas. La solución consiste en licitar paquetes de afiliados antiguos a quienes ofrezcan la menor comisión.

¿Acaso es rol del Estado disipar las rentas que obtienen las empresas por el comportamiento pasivo de las personas? Absolutamente, porque la eficiencia y existencia de márgenes adecuados es un imperativo cuando se trata de la provisión obligatoria de un bien destinado a la satisfacción de un derecho fundamental, como lo es la seguridad social.

Chile tiene experiencia con licitaciones de carteras de afiliados. Las comisiones que pagan los trabajadores más jóvenes cayeron drásticamente cuando se comenzaron a licitar paquetes de nuevos afiliados en 2010. Estas licitaciones llevaron a las AFP a competir en serio por los trabajadores más jóvenes. Sin embargo, los afiliados antiguos, que constituyen la mayoría de los trabajadores, no se beneficiaron mayormente de estas licitaciones, porque la inercia los llevó a no cambiar de AFP.

La reforma de pensiones que tramita el Congreso considera extender las licitaciones a los afiliados antiguos. Una posibilidad es licitar cada año el 10% de los afiliados en grupos que coincidan en el último dígito del RUT. La comisión ganadora aplicaría por diez años y luego el grupo se volvería a licitar. Estas licitaciones llevarían a una reducción importante de las comisiones y de las rentas sobrenormales de las AFP en al menos 300 millones de dólares anuales.

La oposición de las AFP

Recientemente se conocieron las razones que esgrimen las AFP para oponerse a estas licitaciones de afiliados antiguos y que habrían sido distribuidas a distintos actores en una minuta elaborada por dicho gremio.

El primer argumento de las AFP plantea que las licitaciones no suben las pensiones. Sobre este punto es importante considerar que, aunque una menor comisión descontada del salario no sube directamente las pensiones, sí produce un aumento del salario líquido, lo cual en sí ya es importante y, además, da espacio para subir la cotización previsional y aumentar las pensiones sin mayores efectos en el mercado laboral.

También se plantea que la licitación no aplicaría a gran parte de los afiliados, ya que hoy casi la mitad de ellos no está pagando comisión. Este argumento no considera que los afiliados transitan entre períodos en que cotizan y otros en que no, de modo que la medida beneficiaría a todos los afiliados cuando estén cotizando.

Otra razón planteada es que la licitación atentaría contra la libertad de elección. Esto no será así si los afiliados asignados vía licitación pueden cambiarse de AFP. También se argumenta que una licitación por menor comisión derivaría en peor servicio, menor rentabilidad y pensiones más bajas. Dado que los afiliados no responden a menores comisiones ni a mayores rentabilidades, este argumento merece dudas, por lo cual es mejor atender estas materias con una adecuada regulación (calidad de servicio, régimen de inversión y otras).

Sin entrar en el análisis de todos los argumentos de la minuta de las AFP, llama la atención un punto que asegura que la licitación del stock se basa en “premisas incorrectas”, ya que en la industria habría competencia y los retornos no serían anormalmente altos. Lamentablemente, los problemas no se eliminan desconociéndolos o negándolos persistentemente, por el contrario, esto le resta legitimidad y sostenibilidad al sistema de pensiones.

Basado en información de la Superintendencia de Pensiones se concluye que los afiliados ahorrarían 600 millones de dólares anuales si todas las AFP cobraran la comisión de la AFP más barata. Una estimación conservadora indica que la licitación de afiliados antiguos reduciría las comisiones en la mitad de este monto, es decir, en 300 millones de dólares anuales. Consistente con lo anterior, cuatro de las siete AFP tuvieron una rentabilidad sobre patrimonio (ROE) superior a 30% entre 2021 y 2023. Este número sube a cinco AFP si se excluye el encaje del cálculo de rentabilidad.

Falta de transparencia

Las cuotas sociales que pagaron las AFP para financiar su asociación gremial (la Asociación de AFP o AAFP) durante 2023 totalizaron 5.805 millones de pesos. Estos fondos son financiados con las comisiones que se descuentan obligatoriamente del salario y son tratados como gastos de operación, tratamiento que cabría estudiar en más detalle. Gracias a estos recursos, la AAFP ha tenido un rol importante obstaculizando aquellas reformas que afectan sus intereses. El lobby es legítimo, pero debe estar sujeto a estándares de transparencia exigentes y regulaciones estrictas. Los estándares actuales son insuficientes.

Las AFP financian encuestas con preguntas que no siempre son neutras y estudios que suelen apoyar sus intereses. Tanto las encuestas como los estudios tienen una amplia cobertura mediática que a veces omite mencionar la fuente de financiamiento. La reforma de la Ley de Lobby que considera actualmente el Congreso debiera transparentar cómo influyen diversos actores en el diseño de política pública, particularmente, cuando desembolsan recursos significativos que cobran a clientes cautivos, como es el caso de las AFP. También sería deseable dotar a la Superintendencia de Pensiones de la potestad para fiscalizar a la AAFP de modo de poder señalar cuando entrega información equivocada. Las posibilidades de lograr acuerdos para una reforma de pensiones aumentarían si se transparentara y regulara la intervención de los gestores de intereses involucrados.

 

Fuente: El Mercurio, 30 de junio de 2024