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29 Julio, 2024
"Efectos y defectos del voto obligatorio"
En esta columna de opinión, el profesor Eduardo Engel analiza la paradoja del voto obligatorio en nuestro país: aunque el sistema carece de un mecanismo para cobrar las multas por abstención, el temor a la sanción ha impulsado una mayor participación electoral, que podría ser temporal debido a la no ejecución de las multas. Además, revisa el impacto del veto presidencial sobre el financiamiento electoral y la necesidad de abordar el tema sin cálculos políticos.
¿Cuántas personas conoce usted que hayan pagado una multa por no ir a votar? Lo más probable es que ninguna y no es casualidad. El sistema de juzgados de policía local no tiene la capacidad ni los recursos humanos para cobrar millones de multas. Las autoridades no han dado cifras precisas, pero todo indica que el número de multas cobradas es muy pequeño.
Si la multa era una amenaza sin dientes, ¿por qué, entonces, el número de votantes creció a más del doble cuando pasamos del voto voluntario al voto obligatorio en el plebiscito de salida del primer proceso constitucional? El principal motivo es que la mayoría de los electores cree que el riesgo de pagar la multa es mucho mayor de lo que realmente es. Si no se hace nada al respecto, con el paso del tiempo se darán cuenta de su error, ajustarán sus percepciones de riesgo y la efectividad del voto obligatorio se irá diluyendo.
Un nuevo intento
El miércoles de esta semana el Gobierno ingresó un veto para destrabar el proyecto de ley que mejora el proceso electoral municipal de octubre, luego de que el Senado rechazara la propuesta de la comisión mixta. El veto echa pie atrás a la idea de eximir a los electores extranjeros de la multa y la repone para todos los electores, fijando su monto en 0,5 UTM (33 mil pesos). En las elecciones anteriores, dependiendo de su apreciación de las justificaciones, el juez podía fijar una multa entre 0,5 y 3 UTM.
El veto también simplifica la notificación por parte de los juzgados de policía local a quienes no vayan a votar, aunque cabe preguntarse si es necesario notificar cuando cada elector sabe si votó o no. La principal deficiencia, sin embargo, es que el veto no incluye ningún mecanismo para ejecutar las sentencias para millones de infractores. Entonces, solo pagarán la multa los que quieran pagarla y seguiremos con la situación actual donde casi nadie paga.
La experiencia de otros países sugiere usar incentivos “automáticos para pagar la multa. Por ejemplo, no poder renovar la cédula de identidad o la licencia de conducir mientras se tengan multas pendientes. Aunque se discutieron medidas de este tipo al comienzo del trámite legislativo, finalmente no se incluyeron.
Impacto sobre el financiamiento electoral
Al instituir el voto obligatorio en la elección municipal, el financiamiento público que reciben los partidos y los candidatos aumentará en proporción al incremento de la participación electoral. Esto, porque el financiamiento público para los partidos es proporcional al número de votos obtenidos: 0,04 UF (aproximadamente 1.500 pesos) por cada voto. La misma regla aplica cuando se calcula el financiamiento público que recibe cada candidato.
El costo de hacer una campaña no aumenta al pasar del voto voluntario al voto obligatorio. La mayor parte del gasto no depende de cuántas personas vayan a votar y el voto obligatorio reduce algunos costos, ya que no es necesario destinar recursos para motivar la participación electoral.
El veto ingresado esta semana repone la reducción del monto que reciben los partidos y los candidatos por cada voto, de 1.500 pesos a 975 pesos. Aunque hubo opositores en todo el espectro político, cabe destacar que en su momento la Cámara de Diputados aprobó esta medida por amplia mayoría. Con todo, si se duplica el número de votos válidos, el financiamiento público de la política aumentaría, ya no al doble, pero sí en un nada despreciable 30%. Se debiera considerar un techo máximo para el incremento de los fondos públicos que financian la política.
Con calculadora, pero calculando mal
Es difícil evitar que primen cálculos electorales cuando se discute una ley que cambia las reglas que rigen las elecciones, más aún cuando se hace a pocos meses de una elección. Sin embargo, vale la pena recordar que, frecuentemente, estos cálculos son errados.
Todos esperaban que el regreso del voto obligatorio en el plebiscito de salida del primer proceso constitucional favoreciera a la izquierda. Y todos se sorprendieron cuando un contundente 90% de los votantes obligados (aquellos que no habían votado en la segunda vuelta presidencial de 2021 y votaron en el plebiscito) optó por el Rechazo.
Los errores de cálculo continuaron. En el plebiscito de salida del segundo proceso constitucional, la oposición esperaba que los votantes obligados dieran el triunfo al A favor; sin embargo, como mostramos en un trabajo con David Altman, Juan Díaz y Benjamín Peña, las preferencias de estos votantes mutaron y esta vez votaron muy parecido a los electores habituales.
En conclusión, para que el voto obligatorio sea efectivo, no basta con imponer multas que no se cobren, se debe ir más allá. También sería deseable reducir el incremento del financiamiento público de partidos y campañas que genera la mayor participación con voto obligatorio. Son temas que merecen ser abordados sin cálculos electorales que, por lo demás, suelen estar errados.
Si la multa era una amenaza sin dientes, ¿por qué, entonces, el número de votantes creció a más del doble cuando pasamos del voto voluntario al voto obligatorio en el plebiscito de salida del primer proceso constitucional? El principal motivo es que la mayoría de los electores cree que el riesgo de pagar la multa es mucho mayor de lo que realmente es. Si no se hace nada al respecto, con el paso del tiempo se darán cuenta de su error, ajustarán sus percepciones de riesgo y la efectividad del voto obligatorio se irá diluyendo.
Un nuevo intento
El miércoles de esta semana el Gobierno ingresó un veto para destrabar el proyecto de ley que mejora el proceso electoral municipal de octubre, luego de que el Senado rechazara la propuesta de la comisión mixta. El veto echa pie atrás a la idea de eximir a los electores extranjeros de la multa y la repone para todos los electores, fijando su monto en 0,5 UTM (33 mil pesos). En las elecciones anteriores, dependiendo de su apreciación de las justificaciones, el juez podía fijar una multa entre 0,5 y 3 UTM.
El veto también simplifica la notificación por parte de los juzgados de policía local a quienes no vayan a votar, aunque cabe preguntarse si es necesario notificar cuando cada elector sabe si votó o no. La principal deficiencia, sin embargo, es que el veto no incluye ningún mecanismo para ejecutar las sentencias para millones de infractores. Entonces, solo pagarán la multa los que quieran pagarla y seguiremos con la situación actual donde casi nadie paga.
La experiencia de otros países sugiere usar incentivos “automáticos para pagar la multa. Por ejemplo, no poder renovar la cédula de identidad o la licencia de conducir mientras se tengan multas pendientes. Aunque se discutieron medidas de este tipo al comienzo del trámite legislativo, finalmente no se incluyeron.
Impacto sobre el financiamiento electoral
Al instituir el voto obligatorio en la elección municipal, el financiamiento público que reciben los partidos y los candidatos aumentará en proporción al incremento de la participación electoral. Esto, porque el financiamiento público para los partidos es proporcional al número de votos obtenidos: 0,04 UF (aproximadamente 1.500 pesos) por cada voto. La misma regla aplica cuando se calcula el financiamiento público que recibe cada candidato.
El costo de hacer una campaña no aumenta al pasar del voto voluntario al voto obligatorio. La mayor parte del gasto no depende de cuántas personas vayan a votar y el voto obligatorio reduce algunos costos, ya que no es necesario destinar recursos para motivar la participación electoral.
El veto ingresado esta semana repone la reducción del monto que reciben los partidos y los candidatos por cada voto, de 1.500 pesos a 975 pesos. Aunque hubo opositores en todo el espectro político, cabe destacar que en su momento la Cámara de Diputados aprobó esta medida por amplia mayoría. Con todo, si se duplica el número de votos válidos, el financiamiento público de la política aumentaría, ya no al doble, pero sí en un nada despreciable 30%. Se debiera considerar un techo máximo para el incremento de los fondos públicos que financian la política.
Con calculadora, pero calculando mal
Es difícil evitar que primen cálculos electorales cuando se discute una ley que cambia las reglas que rigen las elecciones, más aún cuando se hace a pocos meses de una elección. Sin embargo, vale la pena recordar que, frecuentemente, estos cálculos son errados.
Todos esperaban que el regreso del voto obligatorio en el plebiscito de salida del primer proceso constitucional favoreciera a la izquierda. Y todos se sorprendieron cuando un contundente 90% de los votantes obligados (aquellos que no habían votado en la segunda vuelta presidencial de 2021 y votaron en el plebiscito) optó por el Rechazo.
Los errores de cálculo continuaron. En el plebiscito de salida del segundo proceso constitucional, la oposición esperaba que los votantes obligados dieran el triunfo al A favor; sin embargo, como mostramos en un trabajo con David Altman, Juan Díaz y Benjamín Peña, las preferencias de estos votantes mutaron y esta vez votaron muy parecido a los electores habituales.
En conclusión, para que el voto obligatorio sea efectivo, no basta con imponer multas que no se cobren, se debe ir más allá. También sería deseable reducir el incremento del financiamiento público de partidos y campañas que genera la mayor participación con voto obligatorio. Son temas que merecen ser abordados sin cálculos electorales que, por lo demás, suelen estar errados.
Fuente: El Mercurio, 28 de julio de 2024
