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25 Septiembre, 2023
El caso Socavones y una institucionalidad que hace agua
En esta columna de opinión publicada en El Mercurio, el profesor Eduardo Engel revisa el papel del Director de Obras Municipales.
Los impactantes socavones que obligaron a evacuar varios edificios en el sector del campo dunar de Concón han generado acusaciones cruzadas entre los actores involucrados. A las empresas inmobiliarias se les responsabiliza del lobby y las presiones que ejercieron hace tres décadas y que llevaron a reducir de 50 a 12 las hectáreas protegidas como Santuario de la Naturaleza, permitiendo la construcción de los edificios con problemas. Al Ministerio de Obras Públicas se lo responsabiliza de no realizar las modificaciones necesarias al colector de aguas lluvias tras la expansión inmobiliaria en dicho sector. Y al director de Obras Municipales de Viña del Mar (que lleva 42 años en el cargo) se lo responsabiliza de haber aprobado la construcción de más de una decena de edificios en el campo dunar.
Más allá de buscar quién tiene la culpa (algo que deberá determinar la justicia), es necesario reflexionar sobre qué se puede hacer para que situaciones como esta no vuelvan a suceder. Las balas de plata no existen, pero sí se podría avanzar con una reforma relativamente acotada que tendría una eficacia alta: mejorar la institucionalidad anacrónica y carente de mecanismos efectivos de rendición de cuentas con que se elige y evalúa al director de Obras Municipales (DOM) en la actualidad.
El DOM tiene un rol clave en el funcionamiento municipal. Sus labores incluyen aprobar los proyectos de obras de urbanización y edificación; entregar los permisos correspondientes; aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y urbanización; y dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean estas ejecutadas directamente o a través de terceros. Es un cargo que requiere competencias profesionales y buena gestión. También es un cargo con un alto riesgo de captura y corrupción, ya que las decisiones que toma el DOM son claves para las empresas inmobiliarias y hay mucho dinero en juego.
Pareciera razonable, entonces, que el DOM fuera seleccionado con pinzas, a través de un concurso abierto a todos los profesionales con las competencias necesarias. También, que una vez designado en su cargo sea evaluado regularmente y que, en caso de que su desempeño no sea satisfactorio, removido rápidamente.
La realidad, sin embargo, es bien distinta. Para todos los efectos prácticos, quien se designa como DOM es el funcionario municipal de mayor antigüedad que cumpla con los requisitos, y dura en su cargo indefinidamente, o hasta que ocurre un desastre mayor como el del caso Socavones.
La Comisión Anticorrupción que convocó la Presidenta Bachelet en 2015 propuso que, dada su importancia en el funcionamiento de los municipios, el DOM fuera el único profesional municipal seleccionado a través del Sistema de Alta Dirección Pública (SADP). El presidente de la Asociación de Directores de Obras Municipales se opuso a la propuesta, argumentando que “eso cambia las reglas del juego. Tengo arquitectos que están haciendo una carrera profesional para ser, algún día, director de Obras (...) Cuando plantean que va a llegar alguien desde la Alta Dirección Pública, en que cualquier persona puede postular, eso nos parece que va en sentido contrario a esta carrera funcionaria”. Como señaló “El Mercurio” en un editorial, “a diferencia de otras organizaciones en que la antigüedad es importante (como las FF.AA.), en las direcciones de obras no hay procesos de selección para pasar al escalafón superior (…), el simple paso del tiempo permite al funcionario, sin haber sido sometido a ningún proceso de selección posterior a su ingreso a la planta, alcanzar responsabilidades de gran impacto para el desarrollo y la vida en esa comuna”.
En 2018, dos proyectos ingresaron al Congreso para modificar la institucionalidad de los DOM. En ambos casos se propone que sea el alcalde quien tome la decisión final. Es valiosa la participación del alcalde, pero parece más pertinente que la decisión final sea tomada por amplia mayoría de los miembros de una instancia colegiada que incluya también a un representante del Concejo Municipal y a uno del Ministerio de Vivienda.
En uno de los proyectos, el alcalde elige de una nómina (típicamente es una terna) confeccionada con el procedimiento habitual del SADP. Los nombramientos tienen un plazo definido y, en uno de los proyectos, el DOM se puede repostular solo una vez.
Los DOM no solo reciben presiones de las empresas de la construcción, también las reciben del alcalde. Es importante protegerlos de todas las presiones indebidas. El DOM goza de la protección que tienen los funcionarios de carrera del sector público y esto lo blinda de presiones del alcalde, pues remover a un funcionario público que no ha cometido un ilícito requiere de un proceso largo y oneroso. El problema es que esta protección viene asociada a una falta de rendición de cuentas importante. Los proyectos de ley en el Congreso se hacen cargo de este desafío buscando desacoplar los nombramientos de los DOM del ciclo político, al plantear períodos en el cargo mayores a los cuatro años que dura un alcalde. Su remoción debiera responder a causales precisas y requerir la aprobación de 3/5 del Concejo Municipal. Sería deseable complementar lo anterior con una instancia con representantes de servicios ligados al ordenamiento territorial de nivel regional o nacional (Serviu, GORE o Contraloría) que recoja los reclamos de quienes se sientan perjudicados por las decisiones del DOM.
Además de reducir los riesgos de corrupción, un cambio en la institucionalidad del DOM puede llevar a una gestión más eficiente y a una mejor calidad de vida de los habitantes de la comuna. Los DOM tienen un rol clave en la transición del papel a los trámites digitales, en disminuir los tiempos de tramitación y en facilitar los procesos. También en reducir los conflictos con la comunidad, por ejemplo, promoviendo instancias permanentes de diálogo.
El caso Socavones ilustra la institucionalidad anacrónica con que se designa a los directores de Obras Municipales y la falta de rendición de cuentas de quienes ejercen este cargo clave en el funcionamiento municipal. Esto se traduce en un riesgo importante de captura y corrupción y en una gestión que puede resultar deficiente aun cuando no haya ilícitos. Una reforma del DOM es un paso relevante para fortalecer la institucionalidad municipal, con un sistema de selección que atraiga a los mejores profesionales, independiente de si han hecho carrera en el municipio o no, y que contemple contrapesos, exigencias y límites a la permanencia en el cargo. Es momento de retomar los proyectos que están en el Congreso.
Más allá de buscar quién tiene la culpa (algo que deberá determinar la justicia), es necesario reflexionar sobre qué se puede hacer para que situaciones como esta no vuelvan a suceder. Las balas de plata no existen, pero sí se podría avanzar con una reforma relativamente acotada que tendría una eficacia alta: mejorar la institucionalidad anacrónica y carente de mecanismos efectivos de rendición de cuentas con que se elige y evalúa al director de Obras Municipales (DOM) en la actualidad.
El DOM tiene un rol clave en el funcionamiento municipal. Sus labores incluyen aprobar los proyectos de obras de urbanización y edificación; entregar los permisos correspondientes; aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y urbanización; y dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean estas ejecutadas directamente o a través de terceros. Es un cargo que requiere competencias profesionales y buena gestión. También es un cargo con un alto riesgo de captura y corrupción, ya que las decisiones que toma el DOM son claves para las empresas inmobiliarias y hay mucho dinero en juego.
Pareciera razonable, entonces, que el DOM fuera seleccionado con pinzas, a través de un concurso abierto a todos los profesionales con las competencias necesarias. También, que una vez designado en su cargo sea evaluado regularmente y que, en caso de que su desempeño no sea satisfactorio, removido rápidamente.
La realidad, sin embargo, es bien distinta. Para todos los efectos prácticos, quien se designa como DOM es el funcionario municipal de mayor antigüedad que cumpla con los requisitos, y dura en su cargo indefinidamente, o hasta que ocurre un desastre mayor como el del caso Socavones.
La Comisión Anticorrupción que convocó la Presidenta Bachelet en 2015 propuso que, dada su importancia en el funcionamiento de los municipios, el DOM fuera el único profesional municipal seleccionado a través del Sistema de Alta Dirección Pública (SADP). El presidente de la Asociación de Directores de Obras Municipales se opuso a la propuesta, argumentando que “eso cambia las reglas del juego. Tengo arquitectos que están haciendo una carrera profesional para ser, algún día, director de Obras (...) Cuando plantean que va a llegar alguien desde la Alta Dirección Pública, en que cualquier persona puede postular, eso nos parece que va en sentido contrario a esta carrera funcionaria”. Como señaló “El Mercurio” en un editorial, “a diferencia de otras organizaciones en que la antigüedad es importante (como las FF.AA.), en las direcciones de obras no hay procesos de selección para pasar al escalafón superior (…), el simple paso del tiempo permite al funcionario, sin haber sido sometido a ningún proceso de selección posterior a su ingreso a la planta, alcanzar responsabilidades de gran impacto para el desarrollo y la vida en esa comuna”.
En 2018, dos proyectos ingresaron al Congreso para modificar la institucionalidad de los DOM. En ambos casos se propone que sea el alcalde quien tome la decisión final. Es valiosa la participación del alcalde, pero parece más pertinente que la decisión final sea tomada por amplia mayoría de los miembros de una instancia colegiada que incluya también a un representante del Concejo Municipal y a uno del Ministerio de Vivienda.
En uno de los proyectos, el alcalde elige de una nómina (típicamente es una terna) confeccionada con el procedimiento habitual del SADP. Los nombramientos tienen un plazo definido y, en uno de los proyectos, el DOM se puede repostular solo una vez.
Los DOM no solo reciben presiones de las empresas de la construcción, también las reciben del alcalde. Es importante protegerlos de todas las presiones indebidas. El DOM goza de la protección que tienen los funcionarios de carrera del sector público y esto lo blinda de presiones del alcalde, pues remover a un funcionario público que no ha cometido un ilícito requiere de un proceso largo y oneroso. El problema es que esta protección viene asociada a una falta de rendición de cuentas importante. Los proyectos de ley en el Congreso se hacen cargo de este desafío buscando desacoplar los nombramientos de los DOM del ciclo político, al plantear períodos en el cargo mayores a los cuatro años que dura un alcalde. Su remoción debiera responder a causales precisas y requerir la aprobación de 3/5 del Concejo Municipal. Sería deseable complementar lo anterior con una instancia con representantes de servicios ligados al ordenamiento territorial de nivel regional o nacional (Serviu, GORE o Contraloría) que recoja los reclamos de quienes se sientan perjudicados por las decisiones del DOM.
Además de reducir los riesgos de corrupción, un cambio en la institucionalidad del DOM puede llevar a una gestión más eficiente y a una mejor calidad de vida de los habitantes de la comuna. Los DOM tienen un rol clave en la transición del papel a los trámites digitales, en disminuir los tiempos de tramitación y en facilitar los procesos. También en reducir los conflictos con la comunidad, por ejemplo, promoviendo instancias permanentes de diálogo.
El caso Socavones ilustra la institucionalidad anacrónica con que se designa a los directores de Obras Municipales y la falta de rendición de cuentas de quienes ejercen este cargo clave en el funcionamiento municipal. Esto se traduce en un riesgo importante de captura y corrupción y en una gestión que puede resultar deficiente aun cuando no haya ilícitos. Una reforma del DOM es un paso relevante para fortalecer la institucionalidad municipal, con un sistema de selección que atraiga a los mejores profesionales, independiente de si han hecho carrera en el municipio o no, y que contemple contrapesos, exigencias y límites a la permanencia en el cargo. Es momento de retomar los proyectos que están en el Congreso.
Fuente: El Mercurio
