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Definitivamente en Chile no se están haciendo las cosas bien en materia de encuestas electorales. Así lo reflejó el fracaso de las encuestas realizadas previamente a las elecciones parlamentarias de octubre pasado y lo dejaron en claro  David Bravo, director del Centro de Microdatos del Departamento de Economía de la Universidad de Chile y Marta Lagos, directora de MORI y Latinobarómetro, en el Seminario “Encuestas electorales en Chile: una evaluación”, realizado en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y patrocinado por la Iniciativa Científica Milenio.

El profesor Bravo realizó una exhaustiva evaluación de las encuestas electorales realizadas y difundidas por distintos diarios de circulación nacional y su conclusión es que no pasan el control de calidad más mínimo. “Estas encuestas simplemente no debieran realizarse”, afirmó. “Tienen problemas metodológicos, no hay información metodológica que permita por ejemplo calcular el error muestral, no se reportan pilotajes o procesos para validar preguntas, no se muestran los cuestionarios, no se reporta el error de medición, no se conocen actividades que permitan dimensionar el error de procesamiento de la información, no tienen información sobre el tratamiento de la no respuesta, no se entrega documentación de los procesos de ajuste post-encuesta y los datos innominados no están disponibles”, argumentó mientras mostraba varios ejemplos difundidos en distintos periódicos.

“Internacionalmente hay códigos que norman detalladamente los procedimientos para hacer encuestas de calidad, pero lamentablemente en Chile no se aplican”, afirmó Marta Lagos, quien se mostró sorprendida de que existiendo tantos documentos al respecto, no se tomen en cuenta y cualquier institución realice encuestas. Hecho que pasa a ser más grave cuando se ocupa la misma metodología para encuestar sobre distintos temas y no se asume que las encuestas electorales son una especialidad dentro de las encuestas de opinión.

Específicamente sobre cómo debieran ser las encuestas electorales, Lagos señaló varios puntos importantes. En primer lugar en cuanto al cuestionario, es necesario explorar las dimensiones de las demandas ciudadanas,  formular preguntas que apunten a responder las interrogantes relevantes para el votante, diferenciarlas según los distintos públicos y lograr diseñar un modelo interpretativo del comportamiento, debe ser “políticamente representativa”. 

En segundo lugar en cuanto a las muestras, éstas deben ser representativas, es decir independiente del tipo de encuesta, debe tener una cobertura superior al 85%, de lo contrario  la muestra no es adecuada para hacer estudios electorales. Asimismo, la ponderación por censo no es suficiente para una encuesta electoral y el tamaño de la muestra no debe ser inferior a los 1000 casos.

Encuestas telefónicas

“Las encuestas telefónicas tienen un problema grave de cobertura, en Chile sólo el 45% de los hogares tiene telefonía fija”, dijo el director del Centro de Microdatos. Cifra que llamó más la atención cuando explicó que el porcentaje de hogares con internet llega exactamente a la misma cifra y, para muchos la validez de una encuesta por internet es muy cuestionada mientras que por teléfono no. “Hacer una encuesta por teléfono fijo es lo mismo que hacer una encuesta por internet. La cobertura es la misma. En consecuencia, estas encuestas, con cobertura de esta magnitud, no deberían hacerse en Chile ni deberían ser aceptadas”, dijo Bravo.

La situación se vuelve más alarmante al mirar las normas internacionales. “Si la cobertura telefónica es inferior al 85%, la muestra no es adecuada para hacer estudios electorales”, dijo Marta Lagos citando el código WAPOR/ESOMAR, uno de los más reconocidos a nivel internacional.

¿Qué hacer al respecto?

La situación es preocupante. Marta Lagos contó haber presentado un proyecto con 17 puntos sobre regulación en materia de encuestas a los gobiernos de la Concertación y al actual, pero pese a que lo han encontrado bueno, no se ha hecho nada concreto al respecto y en Chile se ha aceptado “vender leche cortada”, pese a que el público no tiene cómo distinguirla. “Se requiere un sistema en que el público sepa cuál es el grado de blancura de una encuesta”, dijo Marta Lagos.

Ella propone que exista una acreditación obligatoria con un organismo internacional y que los que publican encuestas electorales deberían pertenecer obligatoriamente a la organización internacional WAPOR/ESOMAR, suscribir los códigos de la industria y someterse a las medidas disciplinarias si es que rompen los códigos. 

Los expositores también estuvieron de acuerdo en el inapropiado papel que han estado jugando los medios de comunicación escritos al involucrarse de manera directa en la realización de encuestas de baja calidad. “Los medios hicieron un mea culpa después del fracaso de las encuestas municipales, sin embargo, comenzaron nuevamente a publicar encuestas sin estándares mínimos” dijo David Bravo.