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"El economista Eduardo Engel (Santiago, 67 años), profesor titular de la Universidad de Chile y director del centro de estudios Espacio Público, se ha transformado en un referente en Chile de la discusión para empujar la probidad, por su trabajo y conocimiento en esta materia. En 2015, en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, luego de diversos escándalos protagonizados por diferentes sectores políticos y empresarios, lideró una comisión asesora presidencial contra los conflictos de interés, tráfico de influencias y corrupción. Es conocida como la Comisión Engel.

En esta entrevista, que concede en su oficina de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, se refiere por primera vez al escándalo que afecta al oficialismo y, sobre todo, al Frente Amplio chileno, la formación del presidente Gabriel Boric. Es el Caso Convenios, que consiste en traspasos de unos 530.000 dólares desde una secretaría del Ministerio de Vivienda a la Fundación Democracia Viva, ligada al partido Revolución Democrática (RD), del Frente Amplio. La Fiscalía investiga los delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y fraude al Fisco. La trama se extiende a otras fundaciones, en diferentes regiones del país, y ha llegado incluso a períodos presidenciales anteriores. Existen ya al menos cinco caídos por su responsabilidad política: una diputada, el que era su novio, el que había sido su asesor, la número dos del ministerio de Vivienda y un secretario regional de la misma cartera, todos militantes del partido RD.

Pregunta. ¿Qué opinión tiene de este caso? El escándalo recién comienza, pero todo indica que estamos frente a una trama de corrupción.

Respuesta. Es temprano todavía, recién estamos entendiendo exactamente qué pasó en Democracia Viva, van emergiendo más casos, como suele suceder en estas situaciones. Además de entender el caso particular importa ir respondiendo preguntas que pueden ser relevantes más allá del caso de esa fundación.

P. ¿Cuáles son esas preguntas?

R. Para comenzar, es importante aclarar el doble rol del personal de esta fundación colaborando con el ministerio de Vivienda. ¿En qué medida ahí hubo o no ilícitos? Y un tema central que hemos mirado desde Espacio Público: acá hubo convenios entre el ministerio y la fundación que fueron imputados como transferencias de capital y no como gastos en bienes y servicios, lo que significó que no quedaran sujetos a las obligaciones generales de concursabilidad y pudieron adjudicarse mediante asignación directa. Eso se debe investigar. ¿Realmente estos fondos eran gastos de capital? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Es parte de lo que uno quiere entender para hacer el diagnóstico correcto y, luego, buscar soluciones.

P. ¿Dónde se origina?

R. El origen parece estar en la Ley de Presupuesto 2021, cuyo artículo 23 establece exigencias a las transferencias corrientes a instituciones privadas, pero estas no aplicaron a Democracia Viva, porque dichas transferencias fueron calificadas como transferencias de capital. Pensando en el tema sistémico, queremos entender cuáles son los criterios utilizados para determinar si una transferencia califica como corriente o de capital. Primero, si efectivamente los recursos estaban destinados a financiar capital. Luego, si debiera extenderse las obligaciones de concursabilidad a las transferencias de capital. ¿Por qué se hizo esa diferencia? ¿Se justificaba? Además, sería interesante saber cómo se está implementando esta obligación de concursabilidad cuando aplica. ¿Se fiscalizá? Es importante porque es la manera de regular que estas transferencias sean a un precio razonable, evitando los riesgos de corrupción asociados a las asignaciones directas.

P. ¿El problema es que el Estado chileno acuda a fundaciones para ejercer más rápido su trabajo? ¿Abre esto un espacio para la poca transparencia?

R. Los problemas de eficiencia y falta de probidad se pueden dar tanto si el Estado provee un servicio como si delega a privados. Lo importante son los resguardos que hay en cada caso. Y eventuales diferencias en la calidad y costo de los servicios. En Chile hay fundaciones con larga tradición y que son bien evaluadas, que rinden cuentas más allá de la ley, y otras que no tienen esa trayectoria –como hemos visto– que pueden tener problemas. Y lo mismo con organismos del Estado, algunos funcionan bien y otros no tanto. Por lo tanto, a priori, cerrar posibilidades no me parecería razonable. Esto no quita que este caso haya dejado en evidencia que los traspasos de recursos a fundaciones privadas requieren una revisión profunda para asegurar las condiciones de transparencia y probidad que requiere el gasto de recursos públicos, independiente de quién los realice. También es legítimo preguntarnos si no habremos exagerado en Chile el rol de las fundaciones privadas, pero una discusión como esta debiera basarse en un análisis cuyo objetivo es dar el mejor uso posible a los recursos públicos.

P. ¿Cómo cataloga la normativa vigente?

R. Es el problema: tenemos una normativa insuficiente para asegurar que esos dineros que se gastan a través de las fundaciones cumplan con las condiciones de probidad, transparencia y eficiencia que son deseables. Y lo que no he visto aún y es importante que lo tengamos luego –Espacio Público ha solicitado una reunión con la Dirección de Presupuesto para contar con esa información– es la dimensión del problema. Se debe realizar un levantamiento de todas las transferencias que el Estado realiza a instituciones privadas, así como de la forma en que se efectúan. En particular, saber cuántas y cuáles son las excepciones a la obligación de concursabilidad contenida en el artículo 23 de la Ley de Presupuestos. Solo así se puede dimensionar la magnitud del problema y proponer soluciones que funcionen.

P. ¿No sabemos, entonces, la dimensión de este tipo de casos?

R. Los datos públicos no permiten responder las preguntas anteriores.

P. El presidente Boric respondió al escándalo con una comisión de probidad.

R. Es muy positiva la comisión que ha nombrado el Gobierno, con miembros destacadísimos. Son los escándalos de corrupción los que abren las ventanas de oportunidad para avanzar en la agenda anticorrupción. En tiempos normales, estos asuntos no preocupan mayormente a la ciudadanía y existen actores clave que, en la práctica, vetan los avances, porque les quita poder y no les conviene. Cuando suceden estos escándalos, por lo tanto, se abre la ventana y a veces se aprovecha y otras no. Si uno mira la experiencia en todo el mundo, los grandes avances en asuntos de probidad, transparencia y anticorrupción se producen luego de que un escándalo pone el problema en la agenda y emerge una coalición del mundo político y de la sociedad civil que empuja cambios importantes.

P. El Caso Convenios golpea la promesa de probidad de una coalición nueva, el Frente Amplio, que buscaba no solo una renovación de rostros, sino de prácticas políticas. ¿Cómo golpea este caso al Gobierno?

R. Siempre es arriesgado tomar la bandera de la probidad porque es imposible asegurar que no ocurran problemas con los propios. Sin embargo, me gustaría pensar que una versión menos voluntarista o ingenua, que pone la probidad como una prioridad central para un partido o coalición, sin asumir una superioridad moral por ello, pueda ser parte de la identificación de cualquier grupo político. Porque de lo contrario, podemos terminar con un cinismo: que la corrupción es inevitable y que no sacamos nada con preocuparnos por prevenirla. Y, la verdad, es que se puede hacer mucho para evitarla. Y es clave hacerlo para que los ciudadanos vuelvan a confiar en la política. Después de todo, los escándalos de corrupción que criticó el Frente Amplio en su momento efectivamente fueron escandalosos. Hay una diferencia entre arrogarse una perfección que no se va a tener y querer poner este tema en el centro del quehacer político. Y lo segundo tiene un valor muy grande.

P. ¿En el Frente Amplio hubo arrogancia?

R. Hubo líderes que hicieron afirmaciones arrogantes y, en general y más allá de los temas de corrupción, cierta ingenuidad respecto de cómo funciona el Estado. En esto último la experiencia tiene similitudes con lo que sucedió al comienzo del primer Gobierno de Sebastián Piñera. Volviendo al Frente Amplio, ha habido en algunos un proceso de aprendizaje muy rápido y en otros menos.

P. Desde la Comisión Engel de 2015, ¿Chile es más o menos corrupto?

R. Hay dos tipos de países. Los que reaccionan frente a las situaciones como estas y los que no reaccionan. Y Chile sigue siendo un país con capacidad de reacción. En los indicadores internacionales que miden el control de la corrupción por parte de los países, Chile tiene evaluaciones relativamente buenas. Iguales o mejores que España, por ejemplo, y en América Latina, junto a Uruguay, estamos en una liga distinta en el control de la corrupción. Eso ha sido así por décadas y no ha cambiado, lo que no quita que no haya grandes desafíos. Lo que diferencia a los países no es tener o no escándalos de corrupción, sino capacidad de reaccionar frente a ellos. En la comisión que tuve el honor de dirigir en 2015 propusimos una agenda amplia, en 21 áreas temáticas, y después se le hizo seguimiento desde la sociedad civil –Espacio Público y Ciudadano Inteligente– para ver cómo esas iniciativas fueron o no recogidas por el legislador.

P. ¿Y qué ocurrió?

R. Se aprobaron 13 proyectos de ley relacionados con esa agenda. Se llegaron a avances importantes en varias áreas temáticas, reconocidos internacionalmente: las declaraciones de patrimonio e intereses, la alta dirección pública, la democracia interna en los partidos políticos y la regulación del financiamiento de las campañas, entre otros. También hubo temas en que ocurrió poco: como el fortalecimiento y probidad en municipios. El diagnóstico que hicimos fue bien completo y las propuestas también. Y en los últimos años llevamos varias situaciones de ilícitos a nivel municipal confirmando la relevancia del tema.

P. ¿Es difícil avanzar en este punto?

R. Es difícil avanzar, porque hay municipios complicados cercanos a la gran mayoría de las inclinaciones políticas. Nuestro desafío municipal sigue pendiente".

Fuente: Elpais.com