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A fines de 2022, en un informe sobre Chile, la OCDE concluyó que “los ingresos tributarios de solo el 21 por ciento del PIB son insuficientes para satisfacer las crecientes demandas sociales, preservando al mismo tiempo la inversión pública necesaria en infraestructura, educación y salud”. El organismo internacional recomendaba recaudar más ingresos fiscales, subiendo los impuestos a las personas, las contribuciones de bienes raíces y mejorando la administración tributaria. La conclusión de la OCDE no es sorprendente ni excesiva. Los impuestos que Chile recauda, como fracción del PIB (es decir, la carga tributaria, que es la forma en que se mide el esfuerzo tributario de un país) se han mantenido prácticamente constantes durante las últimas décadas. Lo habitual es que la carga tributaria suba a medida que crece el PIB per cápita, el fenómeno se conoce como Ley de Wagner y en Chile no ha sido así.

El miércoles de esta semana, la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar la reforma tributaria, es decir, rechazó poner en discusión el proyecto enviado por el Gobierno al Congreso. No se votaba si se aprobaba o no la propuesta del Gobierno, solo si debía discutirse. Era el primer paso del trámite legislativo y su aprobación significaba dar inicio a una discusión que permitía eliminar artículos y negociar modificaciones y agregados. Por lo tanto, no es correcta la afirmación del senador Javier Macaya, en general un líder dialogante, al justificar el rechazo de su sector argumentando que “el Gobierno no puede pretender que las reformas sean un contrato de adhesión, que no puede sufrir cambios”. La propuesta del Gobierno podía incorporar todos los cambios que contaran con apoyo mayoritario.

Las recriminaciones y la búsqueda de responsables han estado a la orden del día. Hubo diputadas que votaron contra el proyecto para manifestar su malestar por el altercado que, el día anterior a la votación, tuvo una de ellas con el ministro de Educación. ¿Era esa la mejor manera para manifestar su molestia? Un grupo de parlamentarios que abandonaron sus partidos para formar nuevas opciones políticas de centro también se opuso a discutir la reforma. ¿El “nuevo centro” se opone a la idea de siquiera discutir un proyecto de ley que acerca la carga tributaria de Chile a lo que corresponde a su nivel de desarrollo? Y, por último, se apunta a la oscura influencia de Sebastián Piñera, quien cual Ave Fénix tras bambalinas renace de sus cenizas para liderar el rechazo de su sector. ¿Es creíble que el expresidente tenga (no que quiera tener, sino que efectivamente tenga) ese poder?

En términos políticos, los grandes perdedores con el rechazo de la reforma tributaria son el Gobierno y la oposición de derecha. Pierde el Gobierno, porque se pone en duda la posibilidad de aprobar los proyectos más importantes de su programa. Pierde la derecha, porque la ciudadanía la va a responsabilizar por las iniciativas que no verán la luz producto de este rechazo: no aumentará la PGU, no habrá financiamiento para un sistema de cuidados y no se implementarán las salas cuna para todas las trabajadoras, entre otras.

Los grandes ganadores son los partidos políticos antisistema, el Partido de la Gente y Republicanos y nuevas opciones que, probablemente, emerjan antes de la próxima elección presidencial. Las opciones populistas se alimentan de fracasos legislativos como el de esta semana. La frustración de la ciudadanía crece, el sistema político vuelve a mostrar su incapacidad de diálogo y de alcanzar consensos, y los discursos antipolítica ganan terreno.

La derecha cometió un error al oponerse a la idea de legislar, y el Gobierno también se equivocó al apostar a una mayoría estrecha en la votación del miércoles. Hay 21 partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, más de la mitad con solo uno o dos diputados. Bajo este escenario, no se podía descartar una sorpresa como la de esta semana. Especialmente, con la dinámica cortoplacista que impera en la Cámara, donde infringir una derrota al Gobierno, sobre todo ahora que las cifras económicas y la popularidad del Presidente Boric van en ascenso, era más importante que cumplir con su rol legislador.

Esta votación ha puesto de manifiesto, una vez más, los serios problemas de fragmentación del sistema político. La propuesta constitucional rechazada en septiembre del año pasado no se hacía cargo de esta falencia. Es importante que el nuevo proceso constitucional, que se inició esta semana dando muestras de poder alcanzar acuerdos difíciles con la elección de la directiva de la comisión de expertos, busque una solución para este tema. Será una importante muestra de independencia de sus miembros, porque algunas de las medidas necesarias no favorecerán a los legisladores que los nombraron.

Se han comenzado a discutir opciones para financiar algunas de las iniciativas que quedaron en entredicho producto del rechazo de la idea de legislar. Algunas, siendo complejas, vale la pena explorar; otras, como reducir programas, no tienen viabilidad alguna y quien propuso esa opción debiera saberlo, porque, cuando fue autoridad, no hizo prácticamente nada en la materia.

Para evitar nuevos rechazos a sus proyectos de ley emblemáticos, el Gobierno debe llegar a acuerdos con los partidos de oposición que no tienen una agenda antisistema, con la participación de parlamentarios, antes de que se voten en el Congreso. Esta es la mejor forma de avanzar, por ejemplo, con aquellas partes de la reforma de pensiones que no significan recursos fiscales, que son varias y muy relevantes. Las declaraciones que hicieron este viernes las autoridades y exautoridades del Ministerio del Trabajo y Previsión Social permiten un cierto grado de optimismo en esta materia.

En el clásico libro “Cómo mueren las democracias”, Levitsky y Ziblatt contrastan la dinámica política en Alemania e Italia entre la Primera y Segunda Guerra Mundial con aquella de países como Bélgica y Finlandia. En los primeros, los partidos tradicionales apostaron por aliarse con las opciones antisistema que emergieron, calculando que se beneficiarían electoralmente y creyendo que podrían dominarlas, para terminar avasallados por estas. En el segundo grupo, en cambio, los partidos tradicionales, adversarios de siempre, optaron por no sucumbir a la tentación de aliarse con opciones populistas y trabajaron en conjunto para lograr mayorías antes impensadas.

Uno de los riesgos principales que enfrenta Chile es que la próxima elección presidencial la gane un candidato antisistema. Haber rechazado la posibilidad de siquiera discutir una eventual reforma tributaria esta semana incrementa ese riesgo, pues confirma la percepción mayoritaria de que la política está entrampada y que, buscando ganancias espurias, es incapaz de resolver los problemas ciudadanos. Es imprescindible que esa percepción, reflejo de estos fracasos, se revierta. Alcanzar un acuerdo en la reforma de pensiones emerge como una de las últimas opciones para lograr este objetivo.

Fuente: El Mercurio