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Si le preguntamos a la gente qué le gustaría hacer con sus ahorros previsionales, la respuesta más probable es: “retirar los fondos”. Ahorrar para la pensión es obligatorio, precisamente, porque la mayoría de los trabajadores, aun los de ingresos medios y altos, no ahorraría voluntariamente lo necesario para evitar una gran caída de su nivel de vida al jubilar. La política de pensiones, cual Ulises pidiendo que lo amarren a un mástil y que le pongan cera en los oídos para no sucumbir a los cantos de sirena, es parte de un contrato social que nos obliga a ahorrar para tener una vejez digna.

Hace tiempo que nuestro contrato social en pensiones perdió legitimidad. La encuesta realizada por Espacio Público y el PNUD en conjunto con Ipsos, publicada hoy, muestra que el triunfo del Rechazo no resucitó el contrato. Solo un 13 por ciento quiere que las AFP administren sus ahorros. Las opciones más populares para invertir los ahorros son un organismo privado sin fines de lucro y un organismo público independiente, sumando ambos un 63 por ciento de las preferencias.

Aparte del aumento en el monto de pensión, el aspecto más valorado en una reforma previsional, con un 37 por ciento, es que esta se encuentre más protegida ante las fluctuaciones financieras. La gran caída del valor de los fondos en tiempos de crisis, aun del Fondo E que es el más conservador, es una fuente de preocupación importante para los afiliados. La propuesta del Gobierno incluye una componente de ahorro colectivo que permite suavizar el impacto de las fluctuaciones financieras sobre las pensiones, algo que no es posible bajo el sistema actual. Otros aspectos valorados por los encuestados son: una disminución de las comisiones (15 por ciento), mejoras al servicio (15 por ciento), la posibilidad de elegir quién administra los fondos (14 por ciento) y que la pensión esté más protegida frente a períodos de cesantía (13 por ciento). Este último punto, al igual que la protección ante turbulencias financieras, demuestra un apoyo a una mayor protección social.

La encuesta, por una parte, evidencia una gran valoración del esfuerzo individual y, por otra, una apertura a la redistribución con una fracción de la cotización adicional de 6 por ciento que contempla la reforma. Un 65 por ciento opina que quienes realizan labores de cuidado no remuneradas deben recibir un aporte de los demás trabajadores. El apoyo solidario sigue siendo mayoritario cuando se trata de financiar las pensiones de los jubilados (54 por ciento) o cuando se pregunta si los trabajadores de mayores ingresos deben contribuir a las pensiones de los de menores ingresos (52 por ciento).

En línea con estas diferencias sobre solidaridad, cuando se pregunta por el destino que debiera tener el 6 por ciento que contribuirán los empleadores, un 44 por ciento quiere que se destine, exclusivamente, a la cuenta personal del trabajador; un 40 por ciento, que se reparta entre la cuenta individual y un fondo colectivo solidario; y un 14 por ciento, que vaya en su totalidad a un fondo colectivo solidario. La opción de que todo el 6 por ciento vaya a cuentas individuales es más popular en los sectores más vulnerables: 50 por ciento la apoya en sectores D y E vs. 36 por ciento en sectores ABC1. Quienes se beneficiarán más de las dimensiones de protección social y solidaridad de la reforma son quienes menos las valoran.

Es probable que esta paradoja se relacione con la falta de información acerca de los contenidos de un proyecto de ley complejo. La encuesta revela que un 76 por ciento siente que está poco o nada informado, porcentaje que asciende a un 86 por ciento en los sectores más vulnerables (D y E). Esto sugiere que el Gobierno no está haciendo una buena labor comunicando en qué consiste su reforma y que la campaña opuesta a la reforma, cuya presencia mediática ha sido más notoria, tampoco ha contribuido a que las personas se sientan informadas.

A pesar de no sentirse informados, un contundente 71 por ciento considera que es muy importante que el Congreso llegue a un acuerdo en una reforma de pensiones. Este dato nos indica que la gente no está poco informada porque no le interese modificar el sistema de pensiones, sino porque no se la están explicando bien. Por otra parte, la multiplicidad de visiones indica que no será fácil construir un nuevo contrato social en pensiones, se requerirá visión y generosidad de todas las partes para incorporar la medida justa de solidaridad y protección social.

Como expresó Rodrigo Valdés en una carta a este medio, esta negociación debe resultar en un todo coherente, es decir, es indispensable lograr un acuerdo que considere la totalidad de la reforma. Uno de los objetivos centrales de este acuerdo es crear un sistema de pensiones con legitimidad. La reforma logra este objetivo separando las funciones de soporte e inversión, terminando con el rol actual de las AFP. Tal como expliqué en una presentación ante la Cámara de Diputados la semana pasada, mejorar el diseño institucional asociado a esta separación es fundamental para que el objetivo de legitimidad se logre de manera virtuosa.

El organismo centralizado a cargo de las actividades de soporte (afiliar, recaudar y pagar pensiones) podría ser una entidad pública más liviana que el IPS contemplado en el proyecto de ley. Esta entidad licitaría la atención al público y, aunque el IPS correría con ventaja porque tiene una red amplia de sucursales, no podría dormirse en sus laureles a riesgo de perder en una licitación futura. También se licitaría la recaudación de los fondos de los afiliados; en este caso, Previred corre con ventaja, pero también sabe que enfrentará competencia en el futuro. Estas licitaciones contribuyen a aprovechar mejor las economías de escala y que los ahorros que resulten beneficien a los trabajadores y no a las administradoras.

La organización del mercado de inversores de los fondos también admite mejoras importantes. Los afiliados responden muy poco a cambios en el costo de las comisiones con el sistema actual y seguirá siendo así después de la reforma, cuando debamos elegir entre el Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA) y varios Inversores Privados de Pensiones (IPP). Una solución para este problema es extender las licitaciones de nuevos afiliados a paquetes de afiliados que ya están en el sistema. Las personas podrán pedir que los excluyan de estas licitaciones o cambiarse de inversores posteriormente. El IPPA y los IPP competirán en igualdad de condiciones; no se beneficiará al IPPA, como propone el proyecto de ley, en donde constituye la opción por defecto para los nuevos afiliados. De esta manera, la cancha para competir en alternativas de inversión será pareja, con más participantes y mejores rentabilidades y, es bueno insistir, con comisiones más bajas. Las AFP podrán reinventarse como inversores privados, en un mercado mucho más competitivo y sin rentas excesivas, y como parte de un sistema de pensiones con legitimidad.
 
Fuente: El Mercurio, 15 de enero de 2023