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Durante la última semana de septiembre se publicó un nuevo Trabajo de Investigación en Políticas Públicas, TIPS, titulado “Primera Aproximación sobre la Ley de Control de Armas de Fuego Pequeñas en Chile” realizado por Tamara Van Hemelryck, estudiante del Magíster en Políticas Públicas del Departamento de Economía la Universidad de Chile.

La investigación aborda una temática de interés y coyuntura en seguridad y políticas públicas, como es la Ley de Control de Armas de Fuego Pequeñas  analizando Legislación vigente en Chile, la evidencia internacional con evidencia empírica y académica, y la situación en Chile.

Tras una intensa cobertura en el año 2011 de los medios de comunicación al mostrar accidentes mortales y homicidios con armas de fuego, y la consecuente la atención de los ciudadanos y políticos a estos hechos, la investigación analiza lo que la ley en Chile establece como restricciones para el control de armas, que a nivel internacional, son clasificadas en el grupo de países que poseen legislaciones medias en cuanto a nivel de prohibición. 

El documento revisa el debate internacional sobre las armas de fuego, que ha demostrado que todavía no se ha resuelto el problema. En América, el 74% de los homicidios son todavía cometidos con armas de fuego. Por otra parte, los resultados de los estudios empíricos muestran que países con mayor disponibilidad de armas, como son el caso de Estados Unidos o Finlandia, poseen mayores tasas de crímenes violentos (homicidios, suicidios y accidentes mortales). Además, mencionan que existiría un efecto sustitución entre las diferentes armas, por lo que una mayor restricción de la ley de armas podría causar una mayor utilización de armas blancas.  Si bien pareciera no existir unanimidad en los estudios, la mayoría de la literatura revisada tiende a apoyar la primera tesis.

Con todo ello el trabajo muestra que la situación en Chile amerita una revisión. Los índices de violencia y las tasas de homicidios cometidas con armas han aumentado y la evidencia apunta a que mayores medidas de fiscalización de restricción en el acceso a estas permitirían frenar una posible multiplicación de violencia como ha ocurrido en otros países de América Latina (México, Brasil y Argentina)

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