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Es difícil seguir el debate de pensiones. Las propuestas en discusión son muchas y abundan los conceptos técnicos que a veces parecen trabalenguas (como solidaridad intergeneracional versus intrageneracional, tasa de reemplazo, etc.). Y cuando un tema importante es difícil de seguir, se vuelven atractivas las posiciones extremas que eliminan las complejidades de un plumazo pero que no se hacen cargo del problema (como “no más AFP” o “con mi plata no”).

Los fines

El objetivo de la reforma es mejorar las pensiones, tanto de los actuales jubilados como de quienes se jubilarán en el futuro. Un concepto clave para evaluar un sistema de pensiones es la tasa de reemplazo, definida como el porcentaje del sueldo que el trabajador recibe como pensión tras jubilarse. Es decir, un trabajador con un salario de 1 millón de pesos que obtiene una pensión de 400 mil pesos tiene una tasa de reemplazo de 40 por ciento, en cambio, si se jubila con 800 mil pesos, su tasa de reemplazo es de 80 por ciento. En general, se consideran apropiadas las tasas de reemplazo superiores a un 70 por ciento.

Para dimensionar el problema de pensiones en Chile, es clave conocer las tasas de reemplazo. ¿Cuántos jubilados tienen o tendrán tasas sobre 70 por ciento? ¿Cuántos bajo 50 por ciento? Un informe reciente de la OCDE calcula la tasa de reemplazo promedio que pueden esperar los actuales trabajadores en 44 por ciento. Esta incluye la mejora que significó la Pensión Garantizada Universal. Esta tasa es bastante menor que el 70 por ciento de referencia y también está por debajo del promedio de los países OCDE.

Los medios

La principal propuesta para mejorar las pensiones es subir las cotizaciones, con un aporte de los empleadores de 6 por ciento de las remuneraciones. Las diferencias están en el destino de este incremento. El Gobierno propone que 2 por ciento vaya a las cuentas individuales. Cabe notar que parte de este monto sería en proporción al salario promedio de todos los cotizantes, no al salario de cada trabajador, lo que constituye un elemento solidario al interior de una cohorte de trabajadores (solidaridad intrageneracional). Del 4 por ciento restante, cerca del 3 por ciento del salario se destinaría a mejorar las pensiones de los actuales jubilados (esto se conoce como solidaridad entre generaciones o intergeneracional) y el resto a medidas pro-mujeres (sala cuna y compensación por una expectativa de vida mayor). La propuesta de la oposición es que todo el incremento de cotizaciones vaya a las cuentas individuales y que la solidaridad se financie con impuestos generales, por ejemplo, subiendo el IVA, como ha promovido el exministro Ignacio Briones.

Un segundo grupo de propuestas tiene por objetivo mejorar la eficiencia de la provisión de pensiones. Estas incluyen separar las actividades de soporte (afiliar, recaudar y pagar pensiones) de la actividad de invertir los fondos. Tal como sucede hoy con el seguro de cesantía, la actividad de soporte la podría realizar un ente privado, seleccionado vía licitación. Esto ahorraría costos y reduciría comisiones, permitiendo además la entrada de muchos más oferentes para invertir los fondos. Otra propuesta de este grupo es realizar licitaciones anuales de un 10 por ciento de todos los afiliados al sistema, lo cual, tomando en cuenta el efecto positivo que han tenido durante la última década las licitaciones de nuevos afiliados, reduciría las comisiones.

La política

La sección de pensiones de las propuestas programáticas de Boric se titulaba “Reforma de Pensiones: No + AFP” y proponía que un órgano público invirtiera las contribuciones de los trabajadores. Esta propuesta perdió toda viabilidad luego de la elección del Congreso de noviembre de 2021 y fue sepultada tras el plebiscito del año siguiente. Este objetivo original explica por qué para varios partidos de gobierno es importante que las reformas “terminen con las AFP como las conocemos”. Separar las actividades de soporte e inversión cumple con ese objetivo. Podría argumentarse, aunque es más debatible, que una AFP estatal o las licitaciones anuales del 10 por ciento de afiliados también cumplen con ese objetivo.

La iniciativa popular “Con mi plata no” fue una de las que reunió más firmas en el primer proceso constitucional, jugando un rol importante en el triunfo del Rechazo. Esto, y la irrupción del Partido Republicano posplebiscito 4-S, llevó a Chile Vamos a una posición mucho más dura que la que tuvo en las discusiones de reformas anteriores, por ejemplo, al exigir que el 6 por ciento completo vaya a las cuentas individuales. Es razonable esperar que, luego de la derrota de la derecha en el plebiscito del 17-D, Chile Vamos considere más atractivo distanciarse del Partido Republicano y negocie con el Gobierno.

En los últimos días, el proyecto de ley avanza en la comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados. El Gobierno puede aprobar el proyecto sin votos de Chile Vamos solo en la Cámara, en la medida que convenza a la DC y el PdG. Sin embargo, para aprobarlo en el Senado necesitará el apoyo de parte de Chile Vamos.

¿Existe una combinación de propuestas que permita alcanzar una mejora sustantiva de las pensiones, de los jubilados actuales y los futuros, y que logre concitar los apoyos necesarios en el Congreso? Es fundamental que los parlamentarios logren un acuerdo y demuestren que son capaces de mejorar un sistema que tiene problemas serios de legitimidad desde hace más de una década. Perseverar en discusiones estériles solo incrementará la distancia entre la ciudadanía y sus autoridades. En cambio, sacar una reforma que sea capaz de mejorar las pensiones, será un triunfo, no solo para los pensionados, sino, además, para toda la clase política. 

Fuente: El Mercurio, 14 de enero de 2024