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3 Junio, 2010

REDISTRIBUCIÓN VOLUNTARIA / DIARIO ESTRATEGIA

Se ha considerado que una función del Estado es redistribuir el bienestar producido en el mercado, de acuerdo a una particular definición de equidad. Ello se ha realizado históricamente por la vía de la redistribución obligatoria o forzosa. Esto es, cobrar impuestos a los que tienen un mayor bienestar y transferirlo a través de subsidios en dinero o en especies a los que tienen menos. Sin embargo, también existe la posibilidad de llevar a cabo una redistribución voluntaria.

Se ha considerado que una función del Estado es redistribuir el bienestar producido en el mercado, de acuerdo a una particular definición de equidad. Ello se ha realizado históricamente por la vía de la redistribución obligatoria o forzosa. Esto es, cobrar impuestos a los que tienen un mayor bienestar y transferirlo a través de subsidios en dinero o en especies a los que tienen menos. Sin embargo, también existe la posibilidad de llevar a cabo una redistribución voluntaria.


¿Por qué podrían estar dispuestos a hacer esto?


Por altruismo, para comprar una buena imagen social, para comprar estabilidad económica, política y social. No debemos olvidar una lección de la historia: la pobreza de la población es el caldo de cultivo de la insatisfacción social y, por ende, de su reacción desestabilizadora del sistema económico, político y social. Por lo mismo, quienes alcanzan posiciones de privilegio deberían estar dispuestos a financiar la solución de la pobreza para evitar la desestabilización.

La redistribución voluntaria es una política óptima de Pareto. Es decir, una política donde todos los involucrados ganan: el Estado, el donante y el receptor de las transferencias. Permite que los privados, en conjunto con el Estado, puedan dirigir la política de redistribución. Este es el aspecto atractivo para la economía.


No obstante, la redistribución voluntaria cumple con las características que definen a un bien público. Por lo tanto, aparece la conducta free-rider, es decir, todos queremos participar de los beneficios, pero si podemos, eludimos participar en su financiamiento.


Para resolver este aspecto es que se indica que el Estado cree incentivos para estimular la redistribución voluntaria. Por ejemplo, permitir que una parte de los recursos donados pueda ser descontada del pago de impuestos. Por cierto, no se puede esperar que esta redistribución vaya a ser capaz de reemplazar a la obligatoria, más bien hay que pensar que funcionen complementariamente. Ligarla como fuente de financiamiento de la reconstrucción de los daños de una catástrofe es una buena idea.