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La jornada comenzó con la presentación de dos estudios basados en la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), cuyo objetivo es recopilar información sobre delitos, percepción de inseguridad, reacción frente al delito y victimización de personas y hogares. Posteriormente, un panel de expertos compuesto por Pía Greene (Universidad San Sebastián), Sebastián Valenzuela (Pontificia Universidad Católica) y Alejandra Martínez (SPD) ofreció distintas perspectivas sobre el tema.

El evento fue inaugurado por Natalia Silva, jefa de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien advirtió que la percepción de inseguridad está alejada de los indicadores de victimización. Señaló que el debate histórico sobre esta materia ha estado acompañado por la discusión en torno a las cifras negras de denuncias, lo que genera interrogantes que deben ser objeto de análisis y de políticas públicas.

Silva recalcó la importancia de impulsar la investigación, dado que fenómenos como la migración y la violencia política se suman a la percepción de seguridad. En su reflexión concluyó que “es interesante ver cómo la desconfianza en las instituciones acompaña también la percepción de inseguridad. Cada vez que la ciudadanía percibe que la policía o los órganos de persecución penal no son quienes entregan justicia, finalmente, también la percepción de inseguridad aumenta”.

A continuación, el profesor del Departamento de Economía de la FEN, Fabián Duarte, presentó el estudio “Sobre la victimización por violencia interpersonal en Chile”. A partir de los antecedentes analizados, comentó los efectos psicológicos de la violencia, como el estrés, la ansiedad o la depresión. También compartió información proveniente de diversas encuestas que, aunque no están específicamente diseñadas para medir la percepción de violencia, incluyen módulos vinculados al tema. En particular, mencionó el Estudio Longitudinal Social de Chile (ELSOC) del COES, la Encuesta Nacional de Polivictimización en NNA (EPV) 2023, la Encuesta de Bienestar Social y la propia ENUSC.

Duarte destacó que, aunque los instrumentos analizados no están orientados a medir la violencia, permiten constatar que entre victimización y percepción de inseguridad “existe una relación bastante robusta (…) aunque esta relación no es necesariamente causal”.

Luego, la directora ejecutiva del Centro de Microdatos, Lorena Flores, presentó la “Propuesta de Índice de Percepción de Inseguridad”. Explicó que la sensación de inseguridad incide directamente en la calidad de vida de las personas y puede medirse tanto objetiva como subjetivamente. La medición objetiva considera cifras oficiales (provenientes de Carabineros o la Policía de Investigaciones) mientras que la subjetiva incorpora factores como el miedo (que es una respuesta emocional ante una amenaza real o potencial) y la percepción del riesgo (entendida como la probabilidad de ser víctima).

Flores señaló que uno de los principales problemas de la ENUSC es que no constituye un índice multidimensional, lo que impide comparar sus resultados con estudios internacionales, y observó que sus respuestas no utilizan una escala única. En ese escenario, propuso mejorar la medición mediante la incorporación de nuevas dimensiones y la ampliación del rango de respuestas (escala de Likert), sin modificar la pregunta original. Sugirió incluir preguntas sobre la sensación de seguridad no solo a nivel personal, sino también en el barrio, el hogar o mientras se espera el transporte público para, de esa manera, robustecer la información sobre la percepción de seguridad.

Asimismo, propuso considerar la inseguridad económica como una dimensión relevante, relacionada con factores como el ingreso, la pérdida de empleo o el acceso a la salud. Planteó además la posibilidad de incorporar un índice de seguridad utilizado en otros países, lo cual sí requeriría agregar nuevas preguntas. En esa línea, indicó que en países del G7 ya se abordan temas como crimen organizado, ciberataques, migración por conflictos bélicos y cambio climático.

La investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, Pía Greene, abrió el panel de expertos señalando que los datos indican que el crimen en Chile ha experimentado transformaciones en los últimos años con un aumento en la violencia de los delitos y la aparición de nuevas tipologías, como el secuestro y la extorsión. También han cambiado la naturaleza de ciertos delitos, como los homicidios, que ahora se asocian más al crimen organizado.

Esta “nueva” criminalidad, señaló Greene, genera múltiples externalidades. Subrayó que Chile presenta una brecha notable entre temor y victimización, siendo la percepción de temor significativamente alta en comparación internacional. Además, indicó que existe una creciente desconfianza tanto institucional como interpersonal.

Greene advirtió sobre un desbalance entre libertad individual e inseguridad, que deriva en que más del 50% de las personas estén dispuestas a ceder parte de sus libertades a cambio de mayor seguridad. Esto, sostuvo, es grave: “por temor, por la criminalidad, estamos perdiendo democracia, estamos perdiendo libertad y, muy probablemente −aunque no se diga todavía− derechos humanos, o la disposición a conservar los derechos humanos”. Agregó que el temor se compone de múltiples variables, entre ellas el sentimiento de abandono institucional, la baja cohesión social, el miedo a pérdidas materiales y la vulnerabilidad de ciertos grupos.

Finalizó afirmando que, aunque la victimización está relacionada con el delito, muchas veces representa solo una de sus dimensiones. Por tanto, las políticas públicas deben abordar tanto la victimización como el temor, considerando aspectos sociales, comunicacionales y no solo los aspectos relacionados con la victimización.

El investigador de la PUC, Sebastián Valenzuela, abordó el papel de las comunicaciones. Destacó el cambio radical en la forma en que los chilenos se informan, producto de la expansión de dispositivos móviles y redes sociales.

Valenzuela observó que los datos objetivos de victimización no siempre se alinean con la percepción subjetiva de las personas. En ese contexto, la variable “comunicaciones” adquiere relevancia. Mencionó la teoría de Agenda Setting, que plantea que los medios no dicen qué pensar, sino sobre qué pensar y así definen los temas relevantes para la opinión pública.

Comentó que la delincuencia es un tema común para la conversación social, “es como el clima” y, a diferencia de la política, no es conflictivo. Señaló que los resultados de una encuesta que realizó muestran que cualquier forma de interacción comunicacional (prestar atención, consumir o comentar noticias) se correlaciona positivamente con una mayor percepción de temor o sensación de que la delincuencia ha aumentado.

Agregó que, aunque la televisión ha perdido relevancia como fuente de información, las redes sociales funcionan como espacios donde se amplifican contenidos no necesariamente consumidos en medios tradicionales. Este entorno propicia un “contagio emocional”, en el cual la inseguridad tiene una carga negativa que se transmite y predispone a las personas a hablar del tema. Concluyó que “no hay una única explicación, sino que son varios caminos por los cuales este contexto comunicativo va ayudando a entender por qué la opinión pública, más allá de los datos objetivos, vaya también experimentando y percibiendo un mundo que genera bastante más miedo”.

Sugirió que la ENUSC podría incorporar preguntas para entender cómo se comunican las personas en torno al problema de la inseguridad. Además, sostuvo que sería valioso realizar análisis de contenido tanto en medios tradicionales como en redes.

En el cierre del seminario, Alejandra Martínez, jefa del Departamento de Estudios y Políticas Públicas de la SPD, resaltó la importancia de abordar el fenómeno delictual en todas sus dimensiones. Si bien su unidad se enfoca en generar información basada en evidencia para mejorar la toma de decisiones, reconoció que aún queda pendiente avanzar en la medición de la percepción de inseguridad, particularmente mediante la creación de un índice específico.

Presentó cifras de 2022, donde 9 de cada 10 personas en el país percibían un aumento en la violencia. Sin embargo, al observar la percepción a nivel de barrios, esta disminuía, lo que sugiere que los espacios más cercanos ofrecen una imagen más precisa de la percepción de inseguridad.

Para finalizar, anunció que comenzarán a trabajar en una propuesta de índice que permita medir y comunicar de manera más precisa la percepción de inseguridad en Chile. Subrayó que este índice tiene mayor relevancia en la escala del barrio, lo que es muy relevante, ya que las políticas públicas y las estrategias de prevención del delito deben estar directamente vinculadas al entorno de las personas.