Columnas de Opinión

La crisis de la zona euro ha estado sacudiendo los mercados financieros internacionales desde hace unos seis meses, intensificándose en forma alarmante a principios de mayo. Sino hubiese sido por la intervención masiva de la Unión Europea antes que abrieran los mercados el lunes 10 de mayo, Grecia y quizás otros países vulnerables de la zona del euro (España, Portugal e Irlanda) podrían haber tenido que declarar una reestructuración forzada de su deuda pública y quizás hasta abandonar el euro. A la vez, el Banco Central Europeo comenzó a intervenir en el marcado comprando bonos del Gobierno de Grecia, cuyos rendimientos se habían ido a las nubes.

A cambio del apoyo de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional, Grecia ya había adoptado severas políticas de contracción fiscal. Los gobiernos de otros países (en particular, España), para evitar una crisis que ya se veía venir,  anunciaron draconianos recortes de gastos públicos y alzas de tributos. De haber tenido estos países que reestructurar sus deudas públicas, la solvencia de varios bancos en Europa, e incluso en Estados Unidos, podría haberse visto amenazada, fundamentalmente porque dichos bancos son grandes tenedores de bonos griegos, españoles, portugueses e irlandeses.  

Lo triste de este asunto es que no tendría por qué haber sucedido. A diferencia de la crisis financiera que se desató después de la caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008, el problema de la eurozona involucra deuda pública y, para este tipo de crisis existe un prestamista de última instancia, el Banco Central Europeo. Pero los líderes políticos de los países que usan el euro, y el propio BCE, han estado obnubilados por impedir que el Banco dé señal alguna de estar dispuesto a monetizar deudas públicas y así comprometer el combate a la inflación, objetivos muy loables en tiempos normales, pero extravagantes frente a una crisis. El liderazgo político alemán, obsesionado con una inflación por ahora inexistente, fue uno de los grandes culpables de la indecisión que caracterizó a la toma de decisiones en Europa por seis muy largos meses. La recomendación que salía de Berlín era que todo estaría bien si  Grecia y otros países deficitarios tomaban medidas enérgicas para ajustar sus cuentas fiscales.

Desde luego, no ayudó a los mercados a tener confianza en la deuda griega que las autoridades hayan falseado los números del déficit fiscal y de su stock de deuda. Pero al margen de los aspectos más pintorescos de la crisis, el enorme aumento del déficit fiscal en todo el mundo desarrollado, incluyendo casi todos los países de Europa y el propio Estados Unidos, es resultado de la crisis financiera mundial que se desató en su fase más aguda en el curso de 2008. Detrás de los fuertes déficits en cuenta corriente que se venían registrando en estos países hasta 2008 estaba un desequilibrio privado creciente: la inversión privada (mucha de ella en el sector inmobiliario) estaba creciendo rápidamente mientras el ahorro privado se contraía. De hecho, hasta 2008, el sector público estaba en superávit (Irlanda y España) o acusaba un déficit de dos a cuatro puntos del PIB (Grecia, Portugal y Reino Unido), más o menos en línea con la meta del Tratado de Maastricht (tres por ciento). Con la crisis, la inversión privada se fue al suelo y los hogares comenzaron a recomponer sus menguados ahorros. El resultado: una corrección del exceso de inversión privada sobre el ahorro privado, pero con caídas en el PIB y en los ingresos públicos, y la generación de déficits públicos de 10 por ciento del PIB o más. En otras palabras, la crisis misma fue la causa más importante del enorme aumento del déficit público.

Recientemente, los países en crisis y otros que se sienten vulnerables (incluyendo el nuevo gobierno del Primer Ministro Cameron en el Reino Unido el primer día en su cargo), han anunciado aumentos en los impuestos y recortes en los gastos públicos, incluyendo disminuciones en los salarios nominales para los funcionarios públicos. Mal momento para una contracción fiscal. La recuperación europea está aún en su fase inicial y algunos países todavía no han registrado crecimiento positivo. Dada la gran interdependencia comercial de Europa, los ajustes fiscales anunciados, y otros que sin duda vendrán, no pueden dejar de tener un efecto muy adverso sobre la recuperación europea. No sería raro que Europa experimentara una segunda recesión, lo que no traería buenas noticias para la economía mundial.

La mayoría de las economías de América Latina, en particular aquellas que exportan preponderantemente a Asia,  se ha estado recuperando de la crisis financiera en forma muy satisfactoria. Una nueva recesión europea podría afectar a América Latina muy adversamente, no sólo por sus efectos directos sobre las exportaciones sino también por sus efectos indirectos a través de la contracción de las exportaciones asiáticas a Europa. Asimismo, los precios de los commodities podrían volver a caer. Si la crisis financiera se agudiza, y existen señales que el rescate europeo no ha tranquilizado del todo a los mercados, podríamos volver a enfrentar el congelamiento de los mercados financieros mundiales que se vivió después de la bancarrota de Lehman Brothers.

Y pensar que todo esto podría haberse evitado con más pragmatismo y menos fervor ideológico…