Señor Director,
Si bien el Sistema de Admisión Escolar (SAE), implementado en 2015 bajo la Ley de Inclusión, ha recibido diversas críticas, es un hecho irrefutable que sistemas centralizados basados en algoritmos operan con éxito en numerosos países. En medio del debate parlamentario sobre posibles reformas al SAE y mientras esperamos los resultados del Segundo Período de Postulación, queremos poner el foco en un punto que nos parece esencial.
La base del SAE es el algoritmo de Aceptación Diferida (AD), que garantiza dos aspectos fundamentales. El primero es ser a prueba de estrategia: las familias nunca ganan mintiendo al postular, lo que evita ventajas para quienes cuentan con información privilegiada. La segunda es la estabilidad, que asegura que a nadie le convenga salirse del sistema. En conjunto, estas dos propiedades impiden que las familias con más información o redes —recursos más comunes en los niveles socioeconómicos altos— obtengan ventajas injustas en el acceso a la educación.
Esto no significa que el SAE sea perfecto. Su desempeño depende de definiciones de política pública hoy en discusión, como el peso del azar o la eventual incorporación de criterios adicionales de prioridad, como rendimiento académico o cercanía al hogar.
El punto crítico es otro: introducir etapas con reglas distintas altera los supuestos que permiten que el SAE funcione como fue concebido. Para resguardar la veracidad al postular y la estabilidad del sistema, la admisión debe operar con un único mecanismo coherente.
Por eso nos preocupa la incorporación de la etapa “Anótate en la Lista”, que replica la lógica de las antiguas “filas” presenciales. Este mecanismo asigna cupos disponibles por orden de llegada, sin respetar los criterios de prioridad establecidos por la Ley.
Al agregar esta fase, no solo se anulan las fortalezas del algoritmo AD y la promesa original del Sistema corre un riesgo innecesario, además, se premia a las familias que tienen la posibilidad de monitorear el sistema digital constantemente y actuar con rapidez. Nuestro llamado a las autoridades es a ser conscientes de que mezclar reglas distintas debilita la robustez técnica del sistema y reintroduce las arbitrariedades e inequidades que, justamente, la Ley buscó eliminar.
María Haydée Fonseca – Decana de FACSE, Universidad Católica del Maule e Investigadora Asociada de CEUT
Adriana Piazza – Académica, FEN e investigadora CMM – Universidad de Chile.