[Columna de opinión] Contra el reloj

Las últimas cifras de actividad y empleo confirman un deterioro preocupante del mercado laboral. Después de tres meses consecutivos de aumento, el desempleo alcanzó el 9,4%, superando el 10% entre las mujeres. En términos simples, casi uno de cada diez trabajadores que busca empleo no logra encontrarlo.

La pandemia provocó una fuerte destrucción de puestos de trabajo en Chile y en el resto del mundo. Al finalizar la crisis sanitaria, el desempleo promedio de los países de la OCDE se acercaba al 9%, cifra solo algo inferior a la chilena. Tres años después, esos países han recuperado buena parte del empleo perdido y presentan una desocupación promedio de 4,9%. Chile, en cambio, no ha logrado normalizar su mercado laboral y mantiene tasas superiores a las observadas inmediatamente después de la pandemia.

Este comportamiento no es nuevo. Tras la crisis asiática de 1998, el desempleo superó el 10,5% y tardó cuatro años en volver a niveles cercanos al 6%. Durante la crisis de 2009 volvió a elevarse sobre el 10% y permaneció alto por varios años. La experiencia muestra que, cuando el desempleo aumenta en Chile, su reducción suele ser demasiado lenta.

A los problemas estructurales se suman hoy factores coyunturales: el débil crecimiento económico y el aumento de los costos laborales asociado a la reducción de la jornada sin ajuste de los salarios mensuales, el incremento de las cotizaciones previsionales y, en algunos sectores, las alzas del salario mínimo. También inciden el mayor precio del petróleo y la forma en que se abordó en Chile, que implicó una caída de la confianza de los consumidores y empresarios superior a la observada en promedio en la OCDE.

Frente a esta situación, un grupo de académicos y exautoridades convocado por el Ministerio del Trabajo propuso medidas para promover la creación de empleo formal. Algunas buscan enfrentar la emergencia actual; otras apuntan a deficiencias estructurales que el país ha discutido por años, pero no ha resuelto.

Las nuevas tecnologías están transformando las tareas que componen cada ocupación. Algunas desaparecen, otras surgen y muchas cambian rápidamente. Sin embargo, nuestra legislación reconoce de manera insuficiente la polifuncionalidad de los empleos. Los contratos deben adaptarse a esta nueva realidad.

Al mismo tiempo, es indispensable modernizar la capacitación laboral. Hoy el Sence, la franquicia tributaria y el sistema de capacitación en su conjunto no responden adecuadamente a las nuevas necesidades. Se requiere una reingeniería profunda. No se trata simplemente de destinar más recursos, sino de rediseñar el sistema para que entregue competencias efectivamente demandadas por las empresas y valiosas para los trabajadores. Para ello se necesita una mayor coordinación entre quienes demandan y ofrecen trabajo, facilitada por el Estado y guiada por información concreta sobre las ocupaciones y habilidades requeridas.

Una segunda prioridad es aumentar la adaptabilidad de las jornadas. La producción y los servicios enfrentan requerimientos cada vez menos previsibles. La reducción a 40 horas buscó reconocer esta realidad permitiendo promediar la jornada durante cuatro semanas. Sin embargo, ese periodo resulta insuficiente en varias actividades. Sin retroceder en las 40 horas, extender el promedio a 16 semanas o más, como ocurre en países de la OCDE, permitiría conciliar mejor la calidad de vida de los trabajadores con la continuidad y competitividad de las empresas.

También es necesario avanzar hacia un sistema de indemnización que acompañe al trabajador durante su trayectoria laboral y no dependa exclusivamente de la causal de término del contrato. Ello favorecería la movilidad hacia mejores empleos y reduciría los conflictos asociados a los despidos.

Finalmente, la gravedad de la situación exige fortalecer el Subsidio Unificado al Empleo. Este entrega recursos, por un periodo acotado, a las empresas que contratan y a los nuevos trabajadores. Para que funcione, el empleador debe saber antes de contratar si el postulante cumple los requisitos para recibirlo. Además, durante periodos de alto desempleo deberían flexibilizarse temporalmente las condiciones de acceso. Un subsidio focalizado de este tipo puede costar entre un tercio o la mitad de una rebaja tributaria general a la contratación, como la contemplada en el proyecto de reconstrucción.

Chile está contra el reloj. Los problemas de su mercado laboral son estructurales, pero sus consecuencias son inmediatas. Hoy las pagan cientos de miles de personas que no cuentan con un empleo para sostener a sus hogares y desarrollar sus capacidades. Postergar nuevamente estas reformas solo hará que la recuperación sea más lenta y costosa.

Fuente: El Mercurio, 14 de julio de 2026.