Huracanes como catalizadores del financiamiento verde

El huracán Melissa, que azotó Jamaica con categoría 5, volvió a mostrar el enorme costo económico de los desastres naturales. Las estimaciones preliminares sitúan los daños directos entre 6.000 y 10.000 millones de dólares —casi 40% del PIB del país— y hasta 22.000 millones al incluir las pérdidas económicas indirectas. Estos episodios son cada vez más frecuentes y de mayor capacidad destructiva, lo que pone a prueba la solidez fiscal y financiera de los gobiernos frente a los crecientes costos de la reconstrucción. Aunque esa recurrencia debería impulsar políticas más preventivas, la evidencia indica que las respuestas suelen activarse después de los desastres. ¿Aceleran estos eventos las decisiones de financiamiento climático? ¿Qué determina la capacidad de respuesta de cada país?

Los bonos verdes y sostenibles son instrumentos diseñados para  canalizar recursos hacia proyectos de resiliencia, adaptación o mitigación climática. En un trabajo reciente[1] analizamos cómo los huracanes inciden en el uso de estos instrumentos por parte de los gobiernos. A partir de datos de 32 países de ingreso bajo y medio entre 2007 y 2022, encontramos que, en los doce meses posteriores al paso de un huracán, la probabilidad de que un gobierno emita este tipo de bonos aumenta más de 20%, evidenciando que los desastres abren una ventana de oportunidad política y financiera en un mercado de financiamiento que sigue siendo incipiente y concentrado.

La historia reciente de Jamaica ilustra este patrón. Tras la intensa temporada de huracanes de 2020, el país fortaleció su protección financiera y emitió, con apoyo del Banco Mundial, su primer bono catastrófico, un instrumento específicamente diseñado para la gestión de riesgo. Ese instrumento, renovado en 2024, se activó tras el paso de Melissa, lo que permitirá acceso inmediato a fondos de emergencia.

Pero la ventana de oportunidad no opera igual en todos los países. Los gobiernos con déficits fiscales elevados tienen menor probabilidad de emitir después de un desastre, mientras que aquellos con mayor efectividad gubernamental logran aprovechar mejor esa ventana. Los datos también muestran un trade-off: después de un huracán, los gobiernos emiten con una mayor probabilidad, pero por montos menores, señal de que enfrentan restricciones operativas en el corto plazo.

Hacia adelante, la evidencia sugiere que los desastres naturales seguirán funcionando como catalizadores de acción, pero el verdadero desafío es revertir esa lógica: anticipar la adaptación y la resiliencia climática como parte permanente de la política fiscal.

Fuente: El Mercurio, 6 de noviembre de 2025.