Kast: ¿un gobierno pro mercado o pro negocios?

El futuro presidente José Antonio Kast obtuvo una mayoría contundente en la segunda vuelta. Su campaña se estructuró en torno a seguridad, migración y economía, y en esta última desplegó una agenda tradicional de derecha: menor gasto fiscal, rebajas tributarias y mayor espacio para la iniciativa privada. A primera vista, un discurso claramente pro mercado. Pero, como recuerdan Raghuram Rajan y Luigi Zingales en Salvando al capitalismo de los capitalistas, no basta con declararse defensor del capitalismo; es necesario precisar qué tipo de capitalismo se propone: uno abierto y competitivo, o uno cómodo para los actores ya instalados. En términos simples, si se impulsará un gobierno pro mercado o pro negocios.

Kast ha insistido en la necesidad de corregir el deterioro de las cuentas públicas mediante un ajuste del gasto, señal relevante en un contexto de debilidad fiscal. Sin embargo, aún no se conocen la magnitud ni el diseño de ese ajuste, ni cómo convivirá con su agenda de rebajas tributarias. Entre estas destaca la reducción del impuesto corporativo desde 27% a 23%, medida razonable en la situación actual, aunque difícilmente será un motor de crecimiento. Más discutible es la eliminación del pago de contribuciones, que plantea dudas tanto en equidad como en sostenibilidad fiscal, y cuyo impacto en actividad sería prácticamente nulo.

La reforma más relevante para reactivar la inversión es la mejora del sistema de permisos, que debiera ir acompañada de una racionalización del Estado. La descoordinación entre organismos públicos, la falta de criterios uniformes y los prolongados tiempos de tramitación han afectado tanto a proyectos privados como públicos. Una modernización real —con procedimientos claros y responsabilidades definidas— constituiría, allí sí, una señal potente para reanimar la inversión.

Hasta aquí, esta agenda puede ubicarse dentro de un marco pro mercado. Sin embargo, el verdadero test para distinguir entre un proyecto pro mercado y uno pro negocios reside en la relación que un gobierno establece con los sectores económicos consolidados y con las instituciones encargadas de regularlos. La competencia, la transparencia y la equidad en la cancha no surgen espontáneamente; requieren un entramado institucional robusto, profesional y protegido de presiones políticas o empresariales.

En Chile, ese entramado descansa en entidades como la Comisión para el Mercado Financiero, la Fiscalía Nacional Económica, el Servicio de Impuestos Internos y las distintas superintendencias sectoriales. La designación de sus autoridades, y el grado de independencia y fortaleza técnica que se les entregue, será determinante para evaluar la orientación real del próximo gobierno. El país conoce las consecuencias de un debilitamiento relativo de estos organismos: menor fiscalización, riesgos de captura regulatoria y un deterioro de la confianza pública. Asimismo, episodios recientes de colusión y prácticas anticompetitivas han demostrado que los mercados no siempre se autorregulan y que la ausencia de una vigilancia activa facilita conductas dañinas para consumidores y para la economía en su conjunto.

Los principales adversarios de los mercados no son necesariamente los políticos que promueven una mayor presencia del Estado, sino los capitalistas consolidados que buscan protegerse de la competencia. Cuando ello ocurre, se configura lo que Rajan y Zingales denominan “capitalismo clientelar”: un equilibrio en que el crecimiento se estanca, la productividad se frena, la desigualdad se profundiza y se erosiona la legitimidad del propio sistema.

El nuevo presidente tendrá la oportunidad de demostrar esta definición en sus primeras designaciones. Será en la elección de autoridades para estos organismos donde se observará si su proyecto busca expandir los mercados o, por el contrario, acomodar a quienes ya tienen posiciones dominantes. Por el bienestar del país, cabe esperar que la opción sea la primera.

Fuente: El Mercurio, 15 de diciembre de 2025