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Hace un año, cualquiera que dijese que había que sancionar a los paraísos fiscales y eliminar el secreto bancario en casos  de investigación tributaria, era tildado de  pretender lo imposible. Pero la semana pasada el G-20, en Londres, con la presencia del Presidente Obama, dio un mensaje claro al acordar “tomar acción contra los paraísos fiscales que no cooperen” con las autoridades tributarias y financieras nacionales.

En conjunto con la  Iniciativa Internacional que Chile emprendió, en 2004, con  Brasil, Francia y España, a la cual varias otras naciones se han agregado, y el Comité de Políticas de Desarrollo de Naciones Unidas, hemos venido promoviendo el combate a la evasión tributaria a través de paraísos fiscales, como una fuente importante de financiamiento para la acción contra el hambre y la pobreza. Este financiamiento innovador provendría de la recuperación de impuestos que se evaden mediante los paraísos fiscales.

Los paraísos fiscales son pequeños territorios, del Caribe,  Canal de la Mancha, Principados europeos o islas alrededor de África que han eliminado impuestos a las inversiones financieras, garantizándoles  el secretismo de sus depósitos y operaciones comerciales. Eso ha permitido que millonarios y algunas grandes empresas abran sus cuentas allí, creen filiales donde trabajan unas pocas personas que aparecen generando enormes utilidades, en tanto que los costos  y  precios de venta artificialmente bajos (precios de transferencia adulterados) se localizan en los países con sistemas tributarios “normales”, donde se declaran “pérdidas” o utilidades menores. El secretismo, o secreto excesivo, ha protegido a  evasores, a expensas de contribuyentes, personas y empresas, honestos y transparentes. El  secretismo también ha servido de escondite para el financiamiento al terrorismo y el lavado de dinero del narcotráfico.
No estamos pidiendo que el secreto bancario en los paraísos se acabe para que cualquier persona pueda pedir información sobre los millonarios y nos llenemos de secuestros. Lo que se plantea es que se acabe con el secretismo ilegítimo, que ampara la evasión de impuestos, cuya recaudación por los sistemas nacionales servirían para financiar los planes sociales que tanto necesitan los países subdesarrollados.

Hace algunos años el Servicio de Impuesto Internos de Chile se comunicó con los paraísos fiscales pidiéndoles cooperación  para investigaciones sobre evasión de impuestos. Pero la respuesta fue generalizadamente negativa. Es evidente que se requiere cooperación internacional, potente y persistente,  para  corregir este “mal público internacional”. El mensaje del G-20 es potente. Necesitamos que se pase de la palabra a la acción.

Hasta ahora, la forma de obtener información sobre los evasores era comprando información, como pasó el año pasado con el servicio secreto alemán que por cinco millones de euros se hizo de un cd con datos del banco LGT de Liechtenstein. Con ese material descubrieron un fraude fiscal de ese país, que ya involucra a más de 90 evasores.

La globalización tiene beneficios y costos. Entre los costos, la permisividad,  alentada por el neo-liberalismo,  gestó una soltada de trenzas que desató la codicia en un mundo que ofrecía la oportunidad de enriquecerse a costa de otros. Varios de esos ganadores ocultaron sus  ganancias especulativas en los paraísos fiscales. Ello daña a la equidad y al desarrollo.
La presión internacional, liderada por el G-20 y la sociedad civil, puede hacer que aquellos que ocultan sus utilidades en un paraíso fiscal y evaden  impuestos, hoy sea motivo de vergüenza y no de eficiencia financiera. En este mundo globalizado, necesitado de transparencia y equidad, tener esa mala imagen debe tornarse cada día más negativo a la hora de hacer negocios.