Columnas de Opinión

A partir del 1º de enero de 2010, por intermedio de la Ley 20.406, se estableció el levantamiento del secreto bancario para el Servicio de Impuestos Internos (SII). En virtud de esta norma legal, el director del SII tendrá la facultad de solicitar determinada información bancaria de ciertos contribuyentes nominativamente individualizados, cuando sea indispensable para el éxito de un proceso de recopilación de antecedentes sobre la comisión de posibles delitos tributarios; cuando sea indispensable para verificar la veracidad e integridad de las declaraciones de impuestos, o la falta de ellas, y cuando se trate de infracciones tributarias sancionadas de acuerdo al artículo 161 del Código Tributario.

Desde una perspectiva económica, la importancia de dicha disposición legal radica en que hace una contribución muy importante a reducir una asimetría de información. En parte, la medida adoptada surgió como un requisito para que Chile pudiera ingresar como miembro de los países de la OCDE.

La medida comentada tiene un importante impacto en la equidad del sistema tributario, es decir, que cada contribuyente pague lo que realmente le corresponde de acuerdo a las normas de cada país. Cuando alguien comete fraude tributario y no es descubierto, hace que se incremente la tributación a los contribuyentes honestos. También es fundamental para el Estado, para que pueda reunir los recursos que necesita y así poder cumplir con las funciones que le encomienda la sociedad.

Esta medida ayuda a un mejor funcionamiento de los mercados y de la competencia, por lo tanto, permite lograr mayor eficiencia en el uso de los recursos y, por ende, la maximización del bienestar social.

Por cierto, existen algunos contribuyentes honestos a los que no les satisface esta medida, porque alegan que constituye un grave atentado en contra del derecho a la privacidad. Sin embargo, la norma legal garantiza confidencialidad en el uso de esta información.