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Cada vez son más frecuentes las presiones, en especial dentro del oficialismo, para introducir cambios en aspectos centrales del "modelo" que conllevan grandes riesgos para el desarrollo del país.

Esto del "modelo" económico vigente en el país a mí siempre me ha incomodado como concepto. Debe ser porque en la teoría económica los modelos son representaciones simplificadas de la realidad, y no un país concreto en el tiempo y el espacio. Pero de cualquier modo, parece ser que hay una especie de entendimiento tácito de que el "modelo" vigente en el país es el conjunto de instituciones y políticas que tenemos y que privilegian el mercado como mecanismo de asignación de recursos y al sector privado -empresarios y trabajadores- como el motor de la actividad económica, en tanto remiten al Estado a un rol subsidiario en materia social y regulatorio en materia económica. Muchos de los que se sienten infelices con su situación personal, varios por razones ideológicas y otros por motivos simplemente oportunistas, piden cambiar el "modelo" o, al menos, modificarlo sustancialmente.

El "modelo", sobre todo si además se le apellida "neoliberal", constituye para sus críticos -cada vez más vociferantes- una síntesis de oprobio, odiosidad, crueldad, frialdad e inhumanidad. Yo creo, en cambio, que el "modelo" es sumamente virtuoso. Le ha permitido a Chile aumentar su producto nacional en 387% desde 1986 a la fecha y alcanzar en la actualidad el primer lugar en América Latina en cuanto a ingreso per cápita.

Al mismo tiempo, la pobreza se ha reducido desde el 38,6% de la población en 1990 a 13,7% en 2006 (Casen), y el gasto social del Gobierno se ha incrementado desde US$ 303 por habitante en 1990 a US$ 1.075 hoy. Como la distribución del ingreso no ha empeorado -incluso ha mejorado marginalmente en años recientes-, podemos concluir que todos los chilenos están hoy mejor que hace veinte o treinta años.

Además, el país dejó atrás definitivamente su pobre récord histórico en materia de inflación, y ésta se sitúa en niveles internacionales por casi una década. Todo gracias al "modelo".

Pero estos argumentos están siendo cada vez menos convincentes, particularmente dentro del conglomerado oficialista, y se están dejando sentir presiones que buscan introducir cambios relevantes a aspectos centrales del "modelo" que conllevan grandes riesgos para el desarrollo del país. En efecto, a la creciente demanda de algunos sectores por avanzar hacia una negociación colectiva inter empresas -sea modificando el código laboral o de facto por la interpretación de la nueva ley de subcontratación- se ha unido en fecha reciente una fuerte ofensiva de todos los senadores de la Concertación para forzar una ampliación del rol del Banco Central más allá del control de la inflación, hacia objetivos de empleo y actividad económica.

Buenas propuestas
Sin desconocer por un minuto que la notoria desigualdad de ingresos prevaleciente es un factor de irritación ciudadana, no sería extraño que esta verdadera ola anti "modelo" responda también a una coyuntura marcada por arcas públicas rebosantes y una autoridad de Hacienda que defiende a brazo partido la regla de superávit fiscal.

Si así fuera, adquieren mucho sentido algunas propuestas que se han realizado para usar los recursos acumulados por el Estado, aunque naturalmente en forma juiciosa. Por ejemplo, Sebastián Piñera ha propuesto una fórmula de impuesto negativo para los sectores más pobres de modo de garantizar un ingreso mínimo familiar de $250.000 por mes, en sintonía con la preocupación planteada por los obispos. Esta medida tendría un costo fiscal de US$ 1.000 millones, cifra sólo un poco superior a lo que se liberaría si la meta de superávit estructural se redujera del 0,5% del PIB previsto para 2008 a 0%.

Algo similar fue propuesto por el economista Sebastián Edwards, aunque vinculando el beneficio más al trabajo del beneficiario que a la situación económica del hogar. Otros, más cercanos a la Concertación, también parecen apoyar la idea del impuesto negativo -de hecho, no sería raro que esta medida fuera parte de las propuestas del Consejo para el Trabajo y la Equidad Social-, pero los más ortodoxos preferirían aumentar los impuestos a las empresas en lugar de bajar la meta de superávit fiscal.

Yo agregaría como fuente de financiamiento una moderación en el crecimiento de otras partidas del gasto público, particularmente los subsidios al Transantiago y algunos programas sociales muy costosos y de impacto dudoso.

También me parece digno de un mayor análisis la propuesta de Edwards en orden a que el Estado suplemente, por una sola vez, los aportes individuales al seguro de cesantía, de modo de hacerlo un instrumento más útil para apoyar a los trabajadores en épocas de paro, a cambio de una modificación legal que aumente la flexibilidad en el mercado del trabajo. Para hacerlo más sencillo se podría ofrecer la contribución del Estado, que conlleva para el trabajador la posibilidad de tener una indemnización a todo evento, en trueque por su renuncia a la actual indemnización por despido que contempla la ley.

Medidas como ésta traspasan parte de la actual prosperidad fiscal a la gente y al mismo tiempo apuntan a ganancias de eficiencia y competitividad. Es decir, propenden a salvar el "modelo" dándole más equidad y sustentabilidad política, por una parte, y más nervio para un mayor crecimiento, por otra.

Algunos podrán decir que esto ha sido posible porque el "modelo" sufrió modificaciones en los gobiernos de la Concertación que lo hicieron algo más socialdemócrata -rol más activo del Estado- y que eso hizo la diferencia (positiva). Otros, en oposición, dirán que esas modificaciones le han quitado nervio al "modelo" y vapor al crecimiento. De cualquier forma, los críticos del "modelo" han ido ganando fuerza.