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(El Mercurio, 18/12/07) Si lo ocurrido en Codelco con la ley de Subcontratación se repite en otros sectores, los resultados para el empleo en general se anticipan desfavorables, tal como pasó a partir de la reforma laboral de 2001.

Hace unos días se conoció un conjunto de dictámenes de la Dirección del Trabajo que obligan a Codelco a contratar a más de cinco mil trabajadores que actualmente operan para la cuprífera estatal a través de empresas contratistas y subcontratistas.

Los dictámenes son el resultado de la apreciación que hace esa repartición de la llamada "ley de subcontratación", impulsada por el Ministerio del Trabajo y aprobada hace pocos meses en el Congreso Nacional. Como los ingresos que recibirían esos cinco mil y algo trabajadores incorporados a Codelco son entre un 50 y un 100% superiores a los que ganan actualmente, los costos de producción subirían en todas las divisiones afectadas. Según cálculos de especialistas y de la propia empresa, habría un gasto adicional de US $ 300 millones anuales que dejarían de llegar a las arcas fiscales.

Con tal cifra se podrían otorgar casi 20 mil subsidios adicionales por año para viviendas sociales de UF 390 cada una, o podría subirse la subvención escolar en más de un 10% en forma permanente, por citar sólo dos ejemplos de uso alternativo de recursos donde se favorece a la población de menores ingresos. En cambio, las cerca de 5 mil personas beneficiadas se encuentran en el 10% más rico del país. Es decir, se está en presencia de una medida abiertamente regresiva.

Si los US$ 300 millones anuales los llevamos a valor presente (a una tasa de descuento de 8% y en un horizonte de 40 años), entonces estamos hablando de unos US$ 3.500 millones, lo que es una primera aproximación de la pérdida de valor que sufriría Codelco. Esto representa entre un 10 y un 15% del precio que tendría la empresa si se vendiera hoy a terceros.

La pérdida de valor pudiera ser mayor si consideramos que el costo de producción por libra de cobre de Codelco subiría cerca de 8 centavos de dólar, con lo que superaría el precio de largo plazo estimado por los expertos convocados por el gobierno, y que es de US$ 1,37 la libra. En otras palabras, si el precio del cobre estuviera hoy en niveles más normales, el cumplimiento de lo dispuesto por la Dirección del Trabajo forzaría el cierre anticipado de algunas de las divisiones de Codelco, con una pérdida de ingresos y empleos considerable. No es un asunto menor, para decirlo elegantemente.

Qué dice la evidencia

Lo anterior es evidencia palmaria de las consecuencias que tienen iniciativas legales inspiradas en buenas intenciones pero en mala economía, en este caso en el campo laboral.

Hace unos años, Raphael Bergoeing y yo encontramos que la caída en el crecimiento del ingreso per cápita entre 1999 y 2002 se asociaba principalmente a una fuerte declinación en el empleo en relación a la fuerza de trabajo. Esa declinación del empleo podía explicarse si suponíamos que los costos en el mercado laboral hubiesen subido como si se estuviera aplicando un impuesto a la contratación de trabajo de 6,75% a partir de 1999, situación que atribuimos a la combinación del sustancial incremento en el salario mínimo entre 1998 y 2000 (30%), más el debate y posterior aplicación de la reforma a la ley laboral aprobada en 2001 y que introdujo diversas cláusulas que encarecían la contratación de mano de obra.

Sin embargo, tal atribución era meramente especulativa. Trabajos posteriores de otros autores también concluyeron que el sustancial aumento del salario mínimo a fines de los noventa fue una razón relevante para explicar el comportamiento del empleo en el período, más allá de los cambios cíclicos vinculados a la recesión de 1999, pero descartaron los efectos de la reforma laboral.

No obstante, una tesis reciente de un alumno del Magister de Economía de la Universidad de Chile, Jorge Rodríguez Osorio, bajo la conducción del profesor Rómulo Chumacero, encuentra un rol explícito para esa reforma laboral. Su observación inicial es que la tasa de desempleo del Gran Santiago, reportada por la encuesta de ocupación de la Universidad de Chile, ha mostrado una gran persistencia, mucho más allá que la que podría explicarse simplemente como consecuencia de la crisis asiática y del efecto del aumento del salario mínimo ya aludido.

En otras palabras, si fuera sólo por efectos de la recesión que siguió a la crisis asiática, la tasa de desempleo registrada debiera haberse reducido desde el 15% que alcanzó a comienzos de 1999 hasta un 10% en 2002 y hasta algo cercano a 7% en la actualidad.

Sin embargo, la tasa de desocupación verdadera hoy alcanza poco menos de 9%, en tanto en 2002 se empinaba encima de 12%. En cambio, en el contexto de modelos de equilibrio general calibrados para la economía chilena, si se supone un aumento en el costo del factor trabajo de entre 1 y 5% (dependiendo del modelo) en la fecha en que se aprobó la reforma laboral, Rodríguez y Chumacero encuentran que la trayectoria simulada de la tasa de desempleo se acerca muchísimo a la verdadera trayectoria.

Esto concuerda con la percepción de algunos analistas en el sentido que la tasa natural de desempleo -aquella que prevalece en una situación próxima al pleno empleo- se encuentra actualmente en Chile al menos un punto porcentual más arriba que hace una década.

En un par de años más podremos usar este tipo de metodología para cuantificar el efecto sobre el desempleo que habrá tenido la "ley de subcontratación", el hito más reciente de cambio al mercado laboral. Pero, si lo que ha ocurrido con Codelco se repite en el resto de la economía, los resultados se anticipan bien desfavorables para el empleo.