Noticias

(La Nación 27/01/08) Chile es el país de la sustentabilidad financiera y fiscal. No le hacemos mucho a la ciencia e innovación. No nos caracterizamos por tener grandes atletas. No se podría decir que somos un centro artístico de peso. Cada vez es más evidente que lo nuestro no es el fútbol y nuestras maravillas son naturales más que arquitectónicas. De hecho, tal es nuestra carencia en triunfos globales que a todos nos crían contándonos sobre algunas victorias… digamos… imaginativas, como por ejemplo, el famoso concurso realizado en Bélgica en que salió premiada la banderita chilena o el record de salto del Capitán Larraguibel y su vehemente caballo Huaso, el efímero paso del Chino Rios por el primer lugar del ATP, y…

… claro, nuestros reiterados éxitos en la familia de rankings internacionales. Los ranking soberanos, los índices de transparencia internacional, los índices de clima empresarial, los índices de competitividad, los índices de de esto y lo otro. Ahí somos top.

Si uno mira esos índices nosotros somos los campeones mundiales de la sustentabilidad financiera y fiscal. Hace aun par de años salimos ranqueados, nada más ni nada menos que como el país con mejor manejo macroeconómico del mundo. En los últimos años, si bien no hemos salido primeros, seguimos elevados en el ranking; solamente superados por países petroleros en los que la acumulación de reservas que genera el alza del crudo compensa con creces cualquier carencia institucional. En verdad, en lo que a instituciones compete, Chile tiene las mejores instituciones macroeconómicas del mundo. Si uno habla con casi cualquier analista norteamericano, al poco rato confiesa que ya quisiera que los Estados Unidos tuviera un manejo macroeconómico hoy, como el que Chile ha tenido hace varias décadas.

La característica central de nuestra institucionalidad es la de garantizar la sustentabilidad fiscal. Lo hemos construido así, básicamente, porque buena parte de la historia de volatilidades y turbulencias políticas sufridas por la agenda progresista en nuestra historia (los radicales, el falangismo y la Unidad Popular) se debieron a la falta de prioridad política que tuvo la estabilidad macroeconómica. Después de algunos años (en algunos casos después de meses) los avances sociales de cada una de estas agendas, se veían erosionados por la inflación o la crisis financiera, y desaparecían completamente, quedando relegados a la categoría de leyendas de una época pretérita como el salto del caballo Huaso o, incluso, desapareciendo hacia la categoría de mitos inverosímiles como ocurre con el premio de la banderita chilena. Es esta la razón de la obsesión de la Concertación con la sustentabilidad fiscal: la idea de que es necesario que el Estado que construye derechos sociales los pueda mantener en el largo plazo, para lo cual, el fisco debe tener un elevado grado de sanidad fiscal.

Para cimentar la transición a la democracia, entonces, se le dio enorme prioridad a construir una institucionalidad macroeconómica a prueba de fuego… ¡y se logró! Tenemos una institucionalidad tan buena que, yo me atrevería decir, tiene una alta probabilidad de sobrevivir los próximos ciclos políticos. Y las credenciales macroeconómicas de la Concertación, si bien se critican desde la oposición con esmero, son realmente imbatibles.

Me pregunto: ¿Cómo nos iría en un ranking de sustentabilidad política? ¿Sobrevivirá políticamente el sistema de protección social a la activación del ciclo político y los procesos de alternancia en el poder? ¿Podrá la Concertación, cuando sea oposición, defender lo que ha construido?

En mi opinión la Concertación, que ha sido majadera en hacer políticas públicas sustentables en términos fiscales, no se ha preocupado de la construcción de una coalición política sustentable que tenga la posibilidad de defender en el futuro, políticamente, lo que hoy se construye. Más aún, desde mi punto de vista, la crisis contemporánea de la Concertación hace poco sustentable la construcción del sistema de protección social, tan poco sustentable como lo haría el hecho de que estuviera siendo construido con déficits fiscales. En un caso, lo avanzado se desarma en el futuro por la imposibilidad de financiar lo que se propone, en el otro caso se desarma por la imposibilidad de sostener un esfuerzo político de coalición.

Una diferencia que ello tiene con el proceso anterior es que esto requiere de una reforma de la coalición misma y no necesariamente del Estado. Hay, por ahí, propuestas de reformar el sistema de partidos políticos que sin duda prestarían una ayuda: el establecimiento de reglamentos más claros para primarias, para elecciones internas, para la militancia. Todo eso podría ayudar.

Desafortunadamente, no es suficiente si es que la coalición no se quiere reformar a si misma. Si no quiere adoptar métodos de funcionamiento que activen la ciudadanía al interior de ella. Si no está dispuesta a practicar lo que predica y a dejar atrás estás formas de convivencia que se parecen más a un sindicato de capos que a una coalición política. Si no está dispuesta a promover la participación y la discusión crítica, en que se premie a los militantes que mantienen vigilancia y piden cuentas a las autoridades que han sido electas con sus votos y su trabajo electoral. En que se fortalece y densifica la vida política y se combate la tendencia natural del poder a elitizarse y concentrarse. Todo lo cual, desde mi punto de vista, implica democratizar la coalición, abrir sus espacios de poder y fortalecer institucionalmente sus partidos.

A menos que se esté dispuesto a hacer esa reforma, la coalición se va a ir debilitando y desarmando. Y cuando llegue la hora de defender al Estado de protección social, no va ha haber como. Van a estar los fondos para financiarlo, pero no la fuerza política para sostenerlo. Y a medida que pase el tiempo el Estado de protección social se va a ir diluyendo, hasta que se convierta en un recuerdo tenue, en algo así como esa foto borrosa de alguien parado en una playa belga sosteniendo la triunfante banderita chilena.