Noticias

(Diario Financiero 28/12/07) Importante columna de Claudio Agostini del jueves 20 pasado en este mismo espacio. Se titula “El Rol del Ministerio de Hacienda: ¿gerencia de finanzas o de operaciones?” y trata de un serio problema institucional del Estado chileno. Lo que plantea Claudio es de particular importancia para quienes valoramos el rol del Estado y sus políticas en la generación de prosperidad económica, justicia y equidad.

El argumento es que las atribuciones del Ministerio de Hacienda y su Dipres generan irresponsabilidad institucional o – en spanglish – “falta de accountability”. Los responsables políticos de cada área, los ministros, tienen poca discrecionalidad. La Dipres (la gerencia de finanzas) en vez de limitarse al presupuesto global y al control de gestión, termina afectando la gestión misma, pero no es el responsable público de las decisiones que afecta. Por otro lado los ministerios siempre pueden echarle la culpa y suelen caer en la lógica del acusete.

Por así decirlo, todo el mundo se hace el gringo, pero nadie actúa como gringo.

Y el resultado dinámico es peor aún. Como los ministerios carecen de responsabilidad y autoridad no contratan tanta capacidad profesional. Como hay cada vez menos profesionales en los ministerios, la Dipres refuerza su control sobre la gestión de operaciones. Y así seguimos adelante, solamente interrumpidos por casos efímeros en que surge algún contrapeso significativo a Hacienda, usualmente debido a la combatividad intelectual, celo profesional y amor propio de personas específicas. Tendemos entonces a trasladarnos desde un equilibrio de humillante sumisión a uno de confrontación estratégica. Pocas veces vemos respetuosa cooperación entre iguales discrepantes.

Pero este no es el único problema de responsabilidad institucional que hay en el Estado chileno. Hay un conjunto de áreas en que las pequeñas migajas de discrecionalidad que caen del plato de Hacienda se reparten entre múltiples ministerios, dependencias, divisiones, unidades e incluso, empresas públicas semi-autónomas. Haga el ejercicio: tome su tema favorito e intente averiguar cuantos programas y ministerios se lo reparten. Después trate de darle racionalidad a ese aparente traslape de funciones y competencia de políticas. Descubrirá que no necesariamente la hay. Finalmente vaya y hable con los funcionarios públicos. Descubrirá un mundo en que no fluye la información, en que las parcelas se protegen celosamente, en que programas se traslapan, se contradicen, compiten y no necesariamente se coordinan.

El resultado es que incluso sin Dipres, todavía hay irresponsabilidad institucional. ¿Quién es el responsable de las políticas sociales? ¿Mideplan? ¿Y las políticas sociales que ejecutan los ministerios de salud, educación, agricultura o economía? ¿Qué hacemos con esas? ¿Quién es el responsable de la política de desarrollo de mercados y fomento productivo? ¿Economía? ¿Y la CORFO? ¿Realmente depende la CORFO del Ministro de Economía? ¿Y Agricultura?

Como todo el mundo es responsable de todo, nadie es responsable de nada.

Hay dos áreas en que el problema de “irresponsabilidad institucional” es particularmente grave: estas son las políticas sociales y las políticas de fomento productivo (o de desarrollo de mercados). No existen en la práctica, hoy en día, autoridades políticas claras. Se supone que son Mideplan y Economía, pero, en la práctica sabemos que no lo son. Necesitamos autoridades responsables en estas áreas con atribuciones, a lo menos, para evaluar las políticas de los diferentes ministerios, recomendar cierre de programas y reasignaciones presupuestaria. 

Este problema está emparentado con uno que le hemos leído al Pato Navia: la falta de efectividad de los gabinetes livianos en que no hay actores políticos fuertes (presidenciables) que se jueguen su futuro político en la gestión. Implícitamente la solución del Pato a la “irresponsabilidad  institucional” es el nombramiento de figuras de tal peso atómico, que curven el espacio de la política y destraben el problema de incentivos.

Otra solución es reconsiderar la organización industrial del gabinete. Posiblemente la estructura de un piso del gabinete deba evolucionar hacia una estructura de dos pisos: “ministros de gabinete” que sean responsables de las áreas estratégicas de política pública (muy pocos, más políticos y bien visibles); y “ministros ejecutivos” que sean responsables de la gestión de operaciones (más, muy técnicos y menos expuestos).

¿Si uno no sueña para año nuevo … cuando?