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(La Tercera 15/03/08) Hace algunos años, en un bar del midwest norteamericano, Ed Prescott, Premio Nóbel de Economía 2004, me confesó su frustración por vivir en un país en el que – a diferencia del nuestro -,  “los economistas carecen de poder en el terreno de la política pública.” Seguramente las cervezas que ya habíamos compartido exageraron su juicio. Sí es cierto que en América Latina los economistas tenemos más oportunidades para participar en las decisiones de política pública que en el mundo desarrollado.

Desde mediados de la década de los 70 en Chile – y desde comienzos de los 90, en el resto de la región -, los encargados de asumir el desafío del desarrollo han sido principalmente los economistas. Atrás quedaron los Zaldivar a cargo del ministerio de Hacienda, con apenas treinta años y un título de abogado como respaldo. Hoy entendemos que, por su complejidad, la cuestión económica debe ser enfrentada desde la técnica.

Bachelet inició su mandato pensando que podría gobernar sin los partidos. Le encomendó a un grupo de tecnócratas que liderara su proyecto económico y social. Pero el desgaste de la coalición y la falta de liderazgo del gobierno al interior de la Concertación estropearon la propuesta. Regresó entonces la figura política tradicional, con menos inglés y títulos que los jóvenes tecnócratas, pero con más lealtades y experiencia partidista. Hoy, experimentados servidores públicos y jóvenes operadores políticos están a cargo, sometidos por su compromiso ideológico más que por las razones de la ciencia, legitimados por el voto popular, pero con escasa legitimidad profesional.

El ocaso de los tecnócratas mantiene al jefe del equipo económico inerme e inerte. En plena transición hacia el desarrollo, y ante la necesidad de audacia,  la falta de poder sume al ministro de Hacienda en la pasividad, enfocado más en ahorrar que en invertir y promoviendo reformas que, por su nulo impacto, evitan el conflicto. El plan de reactivación presentado la semana pasada, por ejemplo, contiene sólo 5 medidas, una de las cuales involucra recursos que no superan unos pocos miles de dólares. Esto, mientras nuestras arcas fiscales terminarán el año con un superávit superior a los 30 mil millones de dólares.

Paradójicamente, serán los logros alcanzados desde la tecnocracia los que explicarán la principal contribución del gobierno de Bachelet. Ha sido la creación de comisiones, en ocasiones ridiculizadas dede la mezquindad opositora, la que ha generado las reformas que la historia recogerá como la gran contribución concertacionista al desarrollo de Chile.

El ejemplo emblemático es la comisión Marcel. Integrada esencialmente por técnicos que durante años se han dedicado a estudiar nuestra seguridad social, fue capaz de crear una propuesta de reforma ampliamente valorada. Antes de la comisión el sistema carecía de validez social y la opinión generalizada al interior de la Concertación, incluso entre varios de los que integraron esta comisión, era que el sistema debía ser refundado. Conformada además por sensibilidades transversales, esta comisión permitió que el poder político transformara la propuesta en realidad. Sólo un año después la ley ya fue promulgada, con beneficios que serán sustanciales para muchos chilenos. Algo similar ocurrió con la comisión de la Infancia, y esperamos, también ocurrirá con el Consejo para la Equidad.

Evidentemente, la sola conformación de una comisión no asegura su éxito. El Consejo Asesor para la Educación integrado por 73 miembros que representaban a estudiantes, el mundo social y gremial, académicos y políticos, apoderados y sostenedores, poco pudo hacer. Unos meses más tarde, un consejo en la sombra, también diverso, pero desde el conocimiento, permitió una reforma educacional concreta.

Por lo general el tecnócrata ignora los valores políticos y omite las contingencias parlamentarias, pero el político, si no se acompaña por la legitimidad profesional, acaba sucumbiendo ante las presiones de grupos gremiales, empresariales o familiares, nefasto para el desarrollo y la igualdad de oportunidades. Chile necesita más comisiones que definan qué hacer y más políticos que sepan cómo hacerlo.