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(La Tercera; 23/03/08) Chile ha sido para los economistas un magnífico laboratorio. La experiencia se inició con la transformación impulsada por los Chicago boys, y siguió con la validación y perfeccionamiento del modelo económico liberal por parte de una coalición de centro izquierda. Así, desde 1990, la Concertación culminó el proceso de apertura comercial; desarrolló el sistema de concesiones; comenzó la modernización del Estado y reformó globalmente la salud, la educación, el sistema previsional y el mercado de capitales.

En materia tributaria, sin embargo, los cambios han sido menores y esencialmente motivados por la coyuntura. Lo ocurrido esta semana ilustra. El lunes un grupo de diputados DC entregó al gobierno una propuesta para reducir el IVA un punto porcentual, preocupados por la pérdida de poder adquisitivo de los más pobres. Días antes Hacienda había presentado un nuevo paquete reactivador que incluyó la reducción del impuesto a los combustibles, contra toda ortodoxia, para ayudar al Banco Central con su meta.

La mirada parcial y de corto plazo a la cuestión tributaria preocupa pues altera la institucionalidad económica y alimenta la incertidumbre. Más importante, un conjunto incoherente de impuestos reduce la eficiencia agregada y merma la recaudación, sacrificando los objetivos sociales.

¿Por qué no avanzamos en lo tributario? Probablemente por razones ideológicas. Desde ambas trincheras los estereotipos abundan. Unos sólo quieren subir los impuestos, los otros sólo quieren bajarlos. Pero las ganancias potenciales con una reforma son cuantiosas. La brecha de productividad que nos separa del mundo desarrollado avala la necesidad de mayor eficiencia agregada; y nuestra evasión, que en el caso del impuesto a la renta superaría el 40%, es 4 veces la de Estados Unidos.

Una reforma debe definir cómo y cuánto recaudar. Pero por razones de factibilidad política podemos partir dejando fija la carga fiscal y resolver la estructura tributaria que optimice el nivel de gasto acordado.

La evidencia sugiere orientar la reforma en cuatro direcciones, distintas a nuestra estructura tributaria actual y a las propuestas más populares. Primero, enfocar los impuestos hacia el consumo, como el IVA, en vez de al ingreso. Esto facilita la recaudación y elimina la distorsión en las decisiones de ahorro e inversión. La regresividad del IVA no debe preocupar pues  al considerar el uso del gasto fiscal, el 20% más pobre reduce su diferencia con el 20% más rico desde 20 a 15 veces. Segundo, para promover la inversión, privilegiar la depreciación acelerada por sobre la franquicia a las utilidades reinvertidas. Es difícil controlar que las utilidades retenidas se usen efectivamente para invertir. Tercero, orientarse hacia un impuesto al flujo de caja – valor agregado menos remuneraciones – que no distorsiona la decisión ocio-trabajo. Por último, propender a una tasa única y acotar las exenciones, para facilitar la administración y fiscalización tributaria, reducir la evasión y el costo de cumplimiento para los contribuyentes. Estimaciones de Pablo Serra sugieren que con una tasa única a la renta similar a la que pagan hoy las empresas podríamos mantener inalterada la recaudación directa total.

Se requiere entonces una discusión tributaria global. Las preguntas por resolver no son triviales: qué carga tributaria queremos y cuál es la estructura de impuestos más adecuada para conseguirla. Me gustan las comisiones: una con este fin tendría mucho por hacer y mucho por contribuir.